[ 17.08.2016 17:22 ] ›
Para Giaccone, “la violencia en las escuelas repercute en todos los ámbitos”
Se impulsa el abordaje de la “conflictividad social en las instituciones educativas”
En los últimos años, “la conflictividad social en las escuelas ha cobrado un lugar relevante entre los temas que preocupan a nuestra sociedad”. En función de ello, la diputada provincial justicialista Claudia Giaccone (JSF), presidenta del Bloque Juntos por Santa Fe de la Cámara de Diputados de la Provincia, por intermedio del Proyecto de Ley (Expediente 31635 CD-JSF) de su autoría, ingresado sobre tablas en el transcurso de la sesión ordinaria del jueves 11 de agosto de 2016, y girado a las comisiones permanentes internas para su estudio y consideración, promueve que la Provincia de Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Nº 26.892 “Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, sancionada y promulgada en el año 2013.
Según el relevamiento desde la mirada de los alumnos realizado por el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, un porcentaje importante de estudiantes manifiesta haber sufrido: episodios de rotura de útiles, gritos, burlas, exclusión, amenazas, golpes, amenazas de patotas y robos por coacción.
Un abordaje integral no restringe el objeto de intervención a la violencia sino que “se trata de comprender que ésta es el resultado de modos de vincularse o de hacer lazo social, en un contexto social, institucional e históricamente determinado”. Implica ampliar la perspectiva a través de propuestas positivas de “promoción de la convivencia escolar” que potencien la experiencia de niños y jóvenes de vivir junto a otros en la escuela, de ensayar vínculos democráticos, pluralistas, basados en el respeto mutuo, como parte de su proceso de formación.
Es preciso reconocer que el bullying, el acoso o el hostigamiento entre pares es una de las formas en que puede manifestarse la violencia en las escuelas, no la única, y si bien tiene su especificidad, todas ellas deben ser atendidas a través de un abordaje integral, evitando recortes que parcialicen la problemática.
La violencia en la escuela es concebida como una de las consecuencias de la ruptura del lazo social, de aquello que nos mantiene unidos como sociedad. Las investigaciones demuestran que las sociedades con mayores índices de violencia son aquellas más polarizadas, es decir, aquellas con “mayor brecha entre quienes más y quienes menos tienen”, y donde los procesos de exclusión social son más alarmantes.
Un aspecto a subrayar es la “participación de niños y jóvenes, como así también de sus familias, en la construcción de las normas de convivencia de cada escuela, siempre enmarcadas en una legalidad mayor”. Dicha participación es de fundamental importancia para que “los estudiantes no sólo reconozcan las legalidades, es decir, sepan diferenciar qué se puede y qué no, sino que además las asuman como propias y las perciban como legítimas”.
En este proceso importa la reflexión sobre “el valor formativo de las sanciones”, que contribuyen a que niños y jóvenes aprendan a respetar las normas que hacen posible la experiencia de vivir junto a otros. Ahora bien, una sanción tiene carácter educativo sólo si se la aplica en el marco de los derechos de los niños y jóvenes, como por ejemplo el derecho a la educación y el derecho a ser escuchado en todo aquello que le concierne, si el alumno percibe la legitimidad de la norma y si ésta le permite socializarse con los otros. Niños y jóvenes aprenden del modo en que la escuela se posicione frente a los conflictos.
En este sentido, abordar los conflictos que se producen en el cotidiano escolar desde el diálogo, la palabra, la escucha de la opinión de los estudiantes en relación a todo aquello que les concierne, el respeto por las normas, implica hacer de ellos: “oportunidades de aprendizaje para favorecer el desarrollo de las habilidades para la construcción de una cultura de paz y de convivencia democrática”, fundamentó la diputada justicialista Claudia Giaccone (JSF) el Proyecto de Ley (Expediente 31635 CD-JSF) de su autoría, ingresado sobre tablas en la sesión ordinaria del jueves 11 de agosto de 2016 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y girado a las comisiones internas para su estudio y consideración.
Publicado: 17/Agosto/2016
Según el relevamiento desde la mirada de los alumnos realizado por el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, un porcentaje importante de estudiantes manifiesta haber sufrido: episodios de rotura de útiles, gritos, burlas, exclusión, amenazas, golpes, amenazas de patotas y robos por coacción.
Un abordaje integral no restringe el objeto de intervención a la violencia sino que “se trata de comprender que ésta es el resultado de modos de vincularse o de hacer lazo social, en un contexto social, institucional e históricamente determinado”. Implica ampliar la perspectiva a través de propuestas positivas de “promoción de la convivencia escolar” que potencien la experiencia de niños y jóvenes de vivir junto a otros en la escuela, de ensayar vínculos democráticos, pluralistas, basados en el respeto mutuo, como parte de su proceso de formación.
Es preciso reconocer que el bullying, el acoso o el hostigamiento entre pares es una de las formas en que puede manifestarse la violencia en las escuelas, no la única, y si bien tiene su especificidad, todas ellas deben ser atendidas a través de un abordaje integral, evitando recortes que parcialicen la problemática.
La violencia en la escuela es concebida como una de las consecuencias de la ruptura del lazo social, de aquello que nos mantiene unidos como sociedad. Las investigaciones demuestran que las sociedades con mayores índices de violencia son aquellas más polarizadas, es decir, aquellas con “mayor brecha entre quienes más y quienes menos tienen”, y donde los procesos de exclusión social son más alarmantes.
Un aspecto a subrayar es la “participación de niños y jóvenes, como así también de sus familias, en la construcción de las normas de convivencia de cada escuela, siempre enmarcadas en una legalidad mayor”. Dicha participación es de fundamental importancia para que “los estudiantes no sólo reconozcan las legalidades, es decir, sepan diferenciar qué se puede y qué no, sino que además las asuman como propias y las perciban como legítimas”.
En este proceso importa la reflexión sobre “el valor formativo de las sanciones”, que contribuyen a que niños y jóvenes aprendan a respetar las normas que hacen posible la experiencia de vivir junto a otros. Ahora bien, una sanción tiene carácter educativo sólo si se la aplica en el marco de los derechos de los niños y jóvenes, como por ejemplo el derecho a la educación y el derecho a ser escuchado en todo aquello que le concierne, si el alumno percibe la legitimidad de la norma y si ésta le permite socializarse con los otros. Niños y jóvenes aprenden del modo en que la escuela se posicione frente a los conflictos.
En este sentido, abordar los conflictos que se producen en el cotidiano escolar desde el diálogo, la palabra, la escucha de la opinión de los estudiantes en relación a todo aquello que les concierne, el respeto por las normas, implica hacer de ellos: “oportunidades de aprendizaje para favorecer el desarrollo de las habilidades para la construcción de una cultura de paz y de convivencia democrática”, fundamentó la diputada justicialista Claudia Giaccone (JSF) el Proyecto de Ley (Expediente 31635 CD-JSF) de su autoría, ingresado sobre tablas en la sesión ordinaria del jueves 11 de agosto de 2016 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y girado a las comisiones internas para su estudio y consideración.
Publicado: 17/Agosto/2016
Fuente: Susana Goris
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