Enrico suma “solidaridad” y apoyos para “desbaratar los kioscos de drogas”

En la sesión ordinaria del jueves 25 de agosto de 2016 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, ante el “supuesto plan de atentados contra la vida” del senador provincial radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), vicepresidente de la comisión de Seguridad Pública, el susodicho recibió el respaldo solidario unánime de sus pares oficialistas y de la oposición a través de contundentes expresiones a cargo de Joaquín Raúl Horacio Gramajo (BJ-9 de Julio), Germán Giacomino (UCR-FPS-Constitución), Orfilio Marcón (NEO-UCR-FPCS-Gral. Obligado) y Rodrigo Borla (NEO-UCR-FPCS-San Justo), quienes coincidieron en que “se ataca al Senado, a la Casa de las Leyes y a la democracia”; y, de igual modo, se mostraron “consternados” por las amenazas y “tentativa de homicidio” que sufrió el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Kaufmann, hijo del senador provincial justicialista Ricardo Kaufmann (BJ-Garay), por parte de vándalos que “inexplicablemente fueron rápidamente liberados”.
 
En dicha sesión ordinaria del jueves 25 de agosto de 2016 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el senador provincial radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), acordó con los senadores oficialistas y de la oposición presentes, por unanimidad, una preferencia de tratamiento para dentro de 2 sesiones, probablemente la del día 8 de setiembre de 2016, para el Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) de su autoría, presentado con el acompañamiento de sus pares del Bloque Frente Progresista Sur: senadores radicales Germán Giacomino (UCR-FPS-Constitución) y Hugo Rasetto (UCR-FPS-Iriondo), y de los 11 senadores del Bloque Justicialista, no así de los 5 senadores del Frente Progresista Cívico y Social (Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla, Miguel Cappiello y Emilio Jatón), e ingresado el día 31 de marzo de 2016, a través del cual, y mediante 12 artículos cuidadosamente elaborados durante varios meses, impulsa “el desbaratamiento de kioscos de venta de drogas” y, para ello, propone una “herramienta procesal” que permita que la justicia ordinaria provincial intervenga en hechos delictivos relacionados con el narcotráfico, sin necesidad de “esperar por una justicia de excepción como es la justicia federal que no tiene ni la extensión ni los recursos funcionales para tal fin”, en atención a que “se ha masificado en todas las localidades santafesinas, con locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes”.
 
En el mismo sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Rufino, departamento General López, considerando que “es casi insostenible que un delito tan común y desplegado en todos los territorios provinciales siga siendo competencia exclusiva de la Justicia Federal”, declaró el pasado 14 de abril de corriente año, por unanimidad, de “interés comunitario y preventivo” la promoción del Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) que impulsa “el desbaratamiento de kioscos de venta de drogas”, con copia de la declaración enviada al Departamento Ejecutivo Municipal, al Consejo de Seguridad Ciudadana, al senador departamental Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López) y a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe; cuyo ingreso por mesa de movimiento de la Cámara de Senadores mediante Petición Particular (Expediente 32689 NO) se llevó a cabo el 22 de abril de 2016 y se giró a la comisión de Seguridad Pública.
 
Igualmente, el Concejo Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, remitió copia de la Resolución 4699/2016 sancionada el 6 de abril del corriente año, e ingresó al Senado como Petición Particular (Expediente 32727 NO) por la cual “solicita el pronto tratamiento” del citado Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) de “desbaratamiento de kioscos de drogas” y, como en el caso anterior, en la sesión ordinaria del jueves 5 de mayo, se derivó a la comisión de Seguridad Pública.
 
En el trascurso de la sesión ordinaria del pasado jueves 5 de mayo de 2016 del Senado, en el momento dedicado a las manifestaciones, el senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), a modo de respuesta a las declaraciones del magistrado Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y presidente de la Junta Federal de Cortes, quien está “absolutamente en contra” de la posibilidad de la “provincialización” del combate contra el narcomenudeo o microtráfico, alegando escasez de recursos económicos, humanos y materiales de todo tipo; además del respaldo de sus pares que en pleno recinto se expresaron en sintonía, con mayor o menor vehemencia, casos de Joaquín Raúl Horacio Gramajo (BJ-9 de Julio), Felipe Michlig (NEO-UCR-FPCS-San Cristóbal), Orfilio Marcón (NEO-UCR-FPCS-Gral. Obligado) y Danilo Capitani (BJ-San Jerónimo); había procedido a la lectura de algunos párrafos de la Declaración de los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina sobre Narcocriminalidad, firmado por Mario Bongianino, presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y por Pablo López Viñals, presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, mediante la cual se realizó “un pedido urgente para que el microtráfico de drogas pase al ámbito de las Justicia de las Provincias de forma desfederalizada para combatir el narcomenudeo”.
 
“La actual gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico”, que es el vínculo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico con la comunidad, ya que “la justicia federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de delitos”. Esta situación puede revertirse aprovechando la fortaleza de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias para la persecución del narcomenudeo.
 
Las Provincias que han desfederalizado exhiben “importantes logros en condenas de los vendedores de drogas” y no se han concentrado en la persecución de consumidores, que son convocados al proceso como testigos y no imputados, y, por ello, los Procuradores, Fiscales y Defensores de todo el país consideran que “es posible que la Justicia Provincial y la Justicia Federal ejecuten actividades coordinadas y efectivas”, e instan a que “se generalice la adhesión al sistema de desfederalización que prevé la Ley Nacional Nº 26.052” y que “las autoridades competentes provean el aporte económico que dicha norma establece de manera expresa” a fin de garantizar el desarrollo del mismo en todo el territorio, tal como se hace en 8 provincias argentinas.  
 
Se hace necesario “facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo” para que la justicia local, por la cercanía y la inmediación con la investigación del delito, intervenga; más teniendo en cuenta que en la Argentina, la legislación en materia de delitos con drogas y narcotráfico está regulado por la Ley Nacional Nº 23.737 “Ley de Estupefacientes” del año 1989, y, en todo este tiempo, “la situación de narcocriminalidad ha cambiado y crecido, pero el sistema legal sigue siendo el mismo”.
 
“Resulta insostenible que un delito tan común, difundido y desplegado en todos los territorios provinciales, siga siendo competencia de la Justicia Federal”. Santa Fe es una provincia con una población de 3.300.000 habitantes en sus 362 localidades, y 7 jueces y 6 fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga en el territorio, mientras que el sistema provincial tiene 147 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.
 
Santa Fe no puede despreciar cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a “desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio”, tan solo por no asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible. Por ello, como dice Jorge Baclini, Fiscal Regional de Rosario, en su trabajo sobre la necesidad de desfederalizar los delitos de drogas, “carece ya de todo sentido que una justicia de excepción siga entendiendo en materia de drogas”.
 
Se propone, con la reforma, “otorgar a los jueces y fiscales provinciales la competencia en este tipo de delito”, y, para ello, además de “adherir la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 26.052 a los fines de asumir la competencia de los delitos que en materia de estupefacientes se establece en el artículo 34º de la Ley Nacional Nº 23.737”, el Estado Santafesino promoverá las acciones necesarias para “la lucha contra el narcotráfico en el territorio provincial”.
 
En este sentido, concretamente, la justicia santafesina asume la competencia material para juzgar los siguientes hechos delictivos: la comercialización, distribución, almacenaje y transporte de estupefacientes o materia prima para su producción; la entrega, suministro y facilitación de estupefacientes a título gratuito u oneroso, siempre que sean dosis destinadas directamente al consumidor; la falsificación de recetas médicas y la tenencia de estupefacientes.
 
Se establece el proceso y eventual juicio por dichos delitos a través del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, sobre la base del principio de “amplitud de competencia”, es decir, “todos los fiscales, todos los defensores y todos los jueces en sus diferentes instancias, tienen competencia material”. Se deja establecido que “no pueden crearse fueros especiales”, sino que debe garantizarse la presencia territorial y la proximidad al lugar de los hechos de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Por lo tanto, “147 fiscales provinciales y más de 40 jueces penales de primera instancia” que se encuentran localizados a lo largo y ancho de la provincia, en 20 ciudades de 17 departamentos, actuarán ante estos delitos.
 
Se estipula, además, el principio de “celeridad de medidas investigativas”, esto es, las medidas probatorias y cautelares deberán ser dictadas y autorizadas con celeridad dada la gravedad de los delitos que se investigan, ya que tienen que ver con la venta de sustancias que envenenan a las personas y en especial a niñas, niños y adolescentes y, principalmente, “adoptar las medidas para que la cadena de narcocriminalidad no se vuelva a reorganizar”.
 
Se contempla, asimismo, la “amplitud de indicios habilitantes para actuar especialmente en el allanamiento”. En un ejemplo concreto, cuando por la observación policial o el testimonio de vecinos se aprecia que en un lugar entra y sale gente que puede estar comercializando estupefacientes. Se establece, puntualmente, “la no criminalización del consumo personal”, porque los recursos del Estado deben estar puestos en perseguir al vendedor y en rehabilitar al consumidor.
 
En otra parte del articulado, se contempla “el allanamiento  por venta de drogas” que lleva implícita la autorización para “secuestrar los elementos que se presuman vinculados a otros delitos comunes”, el agente encubierto y el arrepentido que se incorporan al Código Procesal Penal; como del mismo modo: registro estadístico; ampliación del número de fiscales; plazo de vigencia de la norma y no retardo de la misma para que se incorporen los nuevos fiscales al Ministerio Público de la Acusación a medida que avancen los mecanismos de designación; y, finalmente, la transferencia presupuestaria nacional.
 
“Esta norma que proponemos para su debate y aprobación surge de la imperiosa necesidad de batallar contra la impunidad de la venta de drogas desplegada en casi todas las localidades santafesinas”; había argumentado el senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), en pleno recinto, el Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) de su autoría, presentado con el acompañamiento de sus pares: Germán Giacomino, Hugo Rasetto y los 11 senadores justicialistas, el día 31 de marzo de 2016, hace cinco meses, y para el cual, en la sesión ordinaria de este jueves 25 de agosto de 2016 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe acordó una preferencia de tratamiento para dentro de 2 sesiones, posiblemente para la del jueves 8 de setiembre del corriente año; no sin antes destacar como antecedente el Proyecto de Ley del senador justicialista Eduardo Rosconi (BJ-Caseros), de similar tenor, que aprobara el Senado en dos ocasiones, en el mes de setiembre de 2013 y en el mes de junio de 2014, con el voto negativo del entonces senador socialista Miguel Lifschitz, hoy gobernador de la Provincia, y que en ambas oportunidades perdiera estado parlamentario en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento; de allí que muchos representantes territoriales se mostraran escépticos en cuanto a la posibilidad que prospere en las Cámaras Legislativas.
 
No obstante, el senador provincial radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), sigue recibiendo nuevos apoyos, caso de los miembros integrantes del Concejo Deliberante de la ciudad de Rufino, departamento General López, quienes por unanimidad declararon de “interés comunitario y preventivo la promoción de la iniciativa parlamentaria”; de los concejales del Concejo Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, quienes solicitan el “pronto tratamiento” y, ahora, indirectamente, a través del pronunciamiento de los procuradores y fiscales de todo el país sobre microtráfico de drogas, con las firmas de Mario Bongianino y Pablo López Viñals, presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, respectivamente, de la República Argentina, en el marco del Primer Congreso de Narcocriminalidad celebrado el día 22 de abril de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de que “el microtráfico de drogas pase al ámbito de la Justicia de las Provincias”.
 
Además, ante el “supuesto plan de atentados contra la vida” del senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López), en la sesión de este jueves 25 de agosto del Senado, en la que todos los senadores presentes se solidarizaron con el presidente del Bloque Frente Progresista Sur quien “no baja los brazos en su lucha contra la violencia y el narcotráfico”, y fustigaron de consuno el accionar del Poder Judicial, se acordó una preferencia de tratamiento para el citado Proyecto de Ley (Expediente 32560 FPL) para dentro de dos sesiones, probablemente para el próximo jueves 8 de setiembre de 2016, aunque vale aclarar que requiere de los despachos de las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General que lo tienen bajo estudio desde el 31 de marzo del corriente año, esto es, desde hace casi cinco meses.
 
Publicado: 26/Agosto/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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