Nueva iniciativa estudia el Senado para la persecución penal del “narcomenudeo”

El senador provincial justicialista Joaquín Raúl Horacio Gramajo (BJ-9 de Julio), acompañado de sus pares del Bloque Justicialista de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la sesión ordinaria del jueves 15 de setiembre de 2016 en la que se sancionó con fuerza de Ley la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (Ley Nº 13.013) para proceder a la “creación de 40 cargos de Fiscales y Fiscales Adjuntos”, ingresó el Proyecto de Ley de su autoría y suscripto por los senadores justicialistas, por el cual propone que la Provincia de Santa Fe adhiera a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052; por “cuestiones jurídicas y prácticas”, ya que la adhesión a la legislación nacional permite la “desfederalización parcial de la justicia en materia de estupefacientes”, lo cual encuentra asidero en la inmediatez territorial de los organismos de persecución penal provinciales para avanzar contra el “narcomenudeo”.
 
El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional Nº 26.052.
 
Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente Ley.
 
Las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y el producto de su venta, serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley, será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, ejercicio vigente.
 
La adhesión al artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 permite la desfederalización parcial de la justicia en materia de estupefacientes, lo cual encuentra asidero en la inmediatez territorial de los organismos de persecución penal provinciales con las expresiones del llamado “narcomenudeo”, lo que permitirá no sólo una mayor eficacia en su descubrimiento y sanción, sino que, en muchos casos, facilitará la investigación del “camino de la droga” desde los grandes proveedores hacia los “dealers” (comerciantes, repartidores, vendedores) barriales de menor envergadura que trafiquen estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, y también favorecerá el aporte de pistas y datos para recorrer el camino inverso.
 
Con la adhesión a la legislación nacional “no se pretende perseguir meros consumidores”, sino proporcionar herramientas más eficientes en la provincia, aprovechando la mayor dimensión, despliegue territorial y conocimiento del medio, y su relación con los municipios y comunas. Esto en razón de que las autoridades provinciales, tanto fiscales como policiales, se encuentran en una mejor situación por su cercanía geográfica y funcional para desarrollar “verdaderas políticas criminales” tendientes a reducir “los insondables efectos nocivos o negativos que esta problemática ocasiona en la ciudadanía”.
 
Los tipos penales contemplados en la Ley Nacional Nº 26.052 refieren a circunstancias que atañen principalmente al orden local, manteniendo la competencia federal en el resto de los casos, siendo ello uno de los principales motivos por los cuales se pretende la asunción de la justicia provincial al entendimiento de estos temas.
 
Por otra parte, debe verse que la Ley Nacional Nº 48, al establecer la competencia federal, no contempla dentro de sus presupuestos esta materia. De esta manera, está claro que la competencia de la Justicia Federal para todos los tipos penales contenidos en la Ley Nacional Nº 23.737 es asignada específicamente por ella misma, aun cuando se trata de cuestiones estrictamente locales, y de allí que se haya cuestionado la constitucionalidad de la norma, conforme considerarse que la misma ha atribuido el entendimiento de cuestiones que deberían ser ventiladas en el ámbito local, en un claro exceso de las facultades concedidas al Congreso Nacional por tratarse de cuestiones que las provincias no han delegado a la Nación (artículo 121 de la Constitución Nacional).
 
Asimismo, las cuestiones de competencia están estrechamente vinculadas a la garantía de la defensa en juicio, e integran los contenidos del debido proceso legal y su correlativa garantía.
 
De lo expuesto se deduce que esta modificación de la competencia no encuentra sólo su justificación en causas jurídicas, sino también en cuestiones prácticas, ya que de esta manera “se abre la posibilidad de la persecución penal a todos los ámbitos de la justicia represiva al incorporarse el fuero local” contra un accionar delictivo que resulta verdaderamente pluriofensivo, “lesionando valores morales, a la familia, a la juventud, a la niñez, menoscabando seriamente las bases económicas del Estado y la seguridad pública”; fundamentó el senador justicialista Joaquín Raúl Horacio Gramajo (BJ-9 de Julio), acompañado de sus pares del Bloque Justicialista, el Proyecto de Ley de su autoría ingresado en el marco de la sesión ordinaria del jueves 15 de setiembre de 2016 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, y derivado a las comisiones internas para su estudio, no sin antes recordar que “son más de siete las provincias que ya han adherido a la Ley Nacional Nº 26.052”.
 
Cabe destacar, en el mismo sentido, que la provincia de Santa Fe, con más de 3.300.000 habitantes distribuidos en 362 localidades, cuenta con sólo 7 jueces federales y 6 fiscales federales para investigar y perseguir al narcotráfico. La Justicia Santafesina, en cambio, cuenta con 42 jueces y 144 fiscales y, en fecha 15 de setiembre de 2016, en sumarísimo trámite, la Legislatura sancionó con fuerza de Ley el Proyecto que asegura la incorporación de otros 40 fiscales y fiscales adjuntos para el Ministerio Público de la Acusación, que podrían asumir competencias de ventas de drogas que ocurren en las distintas jurisdicciones del territorio provincial.
 
No debemos olvidar que el Senado, donde están representadas todas las poblaciones del interior santafesino, en los años 2013 y 2014 aprobó una iniciativa del senador justicialista Eduardo Rosconi (BJ-Caseros) para cambiar de esfera y “provincializar” la persecución del “narcomenudeo” que no prosperó en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento en tiempo y forma y perdió estado parlamentario en ambas ocasiones.
 
Ahora, en la sesión del jueves 15 de setiembre de 2016, el senador justicialista Joaquín Raúl Horacio Gramajo (BJ-9 de Julio), con el respaldo de los senadores integrantes del Bloque Justicialista, ingresó sobre tablas un nuevo Proyecto de Ley para que Santa Fe adhiera a la legislación nacional para la “desfederalización de estupefacientes” que seguramente se acumulará y unificará en las comisiones internas, admitiendo prueba legislativa en contrario, con otro Proyecto de Ley de similar tenor presentado por el senador radical Lisandro Enrico (UCR-FPS-Gral. López) hace casi 6 meses, el 31 de marzo del corriente año, con el apoyo de todos los senadores oficialistas.
 
Publicado: 18/Setiembre/2016

Fuente: Fernando Brosutti

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