Por la Causa Vorobiof del Ente Puerto Santa Fe el Estado sería querellante

En la sesión ordinaria del jueves 18 de mayo de 2017 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, a instancias del Bloque de Senadores Justicialistas, se aprobó sobre tablas y por unanimidad el Proyecto de Comunicación por el cual el Senado solicita al Poder Ejecutivo que instruya y autorice al Señor Fiscal de Estado a intervenir como parte querellante en los procesos que se investigan en la Justicia Provincial de Santa Fe, tramitados por la Causa Expediente 14 – Año 2015: “Vorobiof, Marcelo Héctor S/Delito Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública” de trámite al mes de abril de 2017 en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, Distrito Judicial Nº 1, con asiento en la ciudad de Santa Fe, relacionados con la posible comisión de delitos en el ámbito del Ente Administrador Puerto de Santa Fe.
 
Los senadores justicialistas entienden que “la naturaleza legal del Ente, por sí misma, justifica la intervención como querellante de la Provincia”, y lo fundamentan aclarando que “el diseño que la Legislatura dio al Ente como persona jurídica pública no estatal, que respondió a las directrices impuestas por la Ley Nacional Nº 24.093 de transferencia a la jurisdicción provincial de diferentes puertos manejados hasta el año 1992 por la Administración General de Puertos de la Nación, entre ellos el de Santa Fe, justifican plenamente tal solicitud.
 
Con la Ley Nacional Nº 24.093 de 1992 se impone al Puerto de Santa Fe la prosecución de su actividad de fines de interés general y, por ello, el propio Estado Provincial y para habilitar la transferencia de los bienes cedidos, y por ese interés en juego, se reserva la designación del Presidente del Ente con doble voto en caso de empate y, además, la facultad de intervenirlo entre otras previsiones con el mismo objeto.
 
Siendo entonces palmario el interés de la Provincia de Santa Fe comprometido en el desenvolvimiento de la actividad del Ente, la comisión de delitos en su ámbito que lo perjudican, lo consagrarían como un “ofendido penalmente” por delitos de acción pública. Esta cuestión se ve ratificada por los tipos delictivos investigados o que pudieran derivar de la investigación y del que pudiese ser su autor o coautor el funcionario designado por el Poder Ejecutivo.
 
En relación a su constitución como querellante, los senadores justicialistas alegan que “numerosos precedentes judiciales coincidentes y concordantes lo habilitan”, y, en el mismo sentido, que “con ello no se afecta el derecho de defensa”, se indicó en los fundamentos del Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista del Senado de la Provincia de Santa Fe, aprobado sobre tablas en la sesión ordinaria del jueves 18 de mayo de 2017; no sin antes advertir que “la justificación que en sí misma encuentra la presente iniciativa, va en la misma línea de acción asumida por el Gobernador de la Provincia de Santa Fe en otras situaciones análogas, consagradas en el Decreto Provincial Nº 442/17”.
 
Publicado: 19/Mayo/2017

Fuente: Fernando Brosutti

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