Preocupación en Diputados por la quita de subsidios a personas con discapacidad

El diputado provincial socialista Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), presidente del interbloque Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, presentó por mesa de movimiento, el martes 13 de junio de 2017, el Proyecto de Declaración (Expediente 33196 CD-FP-PS) de su autoría, para su tratamiento en la sesión ordinaria del próximo jueves 22 de junio de 2017, por el cual el Cuerpo Legislativo declara su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja pensiones otorgadas por discapacidad, basándose en el Decreto Nº 432 del año 1997; de similar tenor a los Proyectos (Expediente 33195 CD-FP-PS) (Expediente 33202 CD-FSP) y (Expediente 33206 CD-FP-PS) ingresados por los diputados: Omar Martínez (PS-FPCS), Carlos Del Frade (FSP) y Julio Francisco Garibaldi (PS-FPCS) respectivamente.
 
El Gobierno Nacional, “en la continuidad de una línea política que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, y en contradicción con los tratados internacionales, leyes nacionales y, sobre todo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina, y que reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo”, sin previo aviso, a partir de junio, “ha comenzado a dar de baja las pensiones de personas con discapacidad”.
 
El Decreto Nacional Nº 432 del año 1997 le da un margen para ser usado en ese sentido, es decir, en la quita de subsidios, ya que establece restricciones para acceder a la pensión; como el hecho de tener auto o vivienda, o vivir con un familiar que esté obligado a hacerse cargo de la persona que quiere solicitar el beneficio”. Además, deja a criterio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: evaluar otros elementos, los cuales no define, para “negar una pensión no contributiva que asciende a 4.500 pesos mensualmente”; totalmente insuficiente si consideramos que la canasta básica ronda los 12.000 pesos. Como agravante, “este proceso de eliminación es automático”.
 
“Consideramos alarmante la insensibilidad social del Gobierno Nacional” en relación a este tema, ya que antes de aplicar quitas y reducciones sobre los más débiles, deberían evaluarse otras salidas para estas difíciles realidades.
 
Se observa que a la fecha representan más de 83.000 casos. Concretamente, entre enero y los primeros días de junio de 2017 se produjeron 5.713 bajas en pensiones hacia las madres de 7 hijos que se suman a 5.714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo 19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son 83.133 casos entre bajas y suspensiones.
 
Estadísticamente, “sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan”, ya que los titulares del derecho, en muchos casos, son personas de bajos recursos que simplemente se resignan. Además, “las rehabilitaciones tardan 8 meses en resolverse”.
 
“El daño social y la angustia familiar que estos recortes generan, repercuten en todas las instituciones políticas y sociales santafesinas”, coincidieron los diputados Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS), Julio Francisco Garibaldi (PS-FPCS) y Carlos Del Frade (FSP) en los fundamentos de sus respectivos Proyectos ingresados por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el martes 13 y el miércoles 14 de junio de 2017, los cuales serán acumulados y aprobados en la sesión ordinaria del próximo jueves 22 de junio de 2017, sobre tablas; no sin antes advertir que “no podemos permitir que las personas con discapacidad sean avasalladas en sus derechos adquiridos por un Gobierno Nacional insensible”.
 
Publicado: 15/Junio/2017

Fuente: Susana Goris

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