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[ 02.12.2017 12:11 ]   ›

Comisión Especial para el debate de una nueva Ley de Coparticipación Provincial

Palo Oliver y otros promueven una norma “equitativa” distributiva de los tributos

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó con fuerza de Ley, primero el 30 de noviembre de 2016 en la Cámara de Diputados y luego el 30 de noviembre de 2017 en el Senado, el Proyecto de Ley (Expediente 30902 CD-DB) (Expediente 34352 CD) del diputado radical Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS), presidente de la comisión de Asuntos Comunales, ingresado el 29 de marzo de 2016 por mesa de movimiento con el acompañamiento de sus pares: Rubén Giustiniani (IP), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS) y Silvia Augsburger (IP), acumulado con el Proyecto de Ley (Expediente 31319 CD-FP-PS) de los diputados socialistas Rubén Galassi (PS-FPCS), Miguel Ángel Solís (PS-FPCS), Julio Francisco Garibaldi (PS-FPCS), Inés Bertero (PS-FPCS), Oscar Pieroni (PS-FPCS), María Cecilia del Huerto Ayala (PS-FPCS), Omar Martínez (PS-FPCS) y Joaquín Andrés Blanco (PS-FPCS), de similar tenor, por el cual “se crea una Comisión Provincial de Análisis y Revisión del Régimen Fiscal”, la que tendrá por objeto la elaboración de un proyecto de reformulación del esquema de coparticipación de recursos públicos vigente entre la Provincia y las Municipalidades y Comunas, es decir, “una comisión especial para la redacción de una nueva Ley de Coparticipación Provincial de Impuestos”; comunicándose la flamante norma al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación.
 
La Comisión procederá a “la recopilación y ordenamiento de los antecedentes provinciales, legislación comparada, doctrina y jurisprudencia  de la materia analizada”, y deberá hacer un pormenorizado estudio del “ejercicio de las competencias, servicios y funciones de cada uno de los distintos niveles de gobierno en la órbita provincial (provincial, municipal y comunal)”.
 
Ese estudio pormenorizado, asimismo, comprenderá “los niveles de gasto público de las jurisdicciones involucradas y su correspondencia con los recursos respectivos; los instrumentos tributarios provinciales, municipales y comunales, en vista a una adecuada complementación; y su correlato con los organismos recaudadores”.
 
Esta Comisión estará integrada por ocho (8) representantes designados por el Poder Ejecutivo Provincial; diez (10) representantes de las Municipalidades y Comunas de la Provincia y de cada una de las cinco (5) Regiones o Nodos; y diez (10) representantes del Poder Legislativo.
 
Para la obtención de los objetivos propuestos, “la Comisión podrá requerir información o asesoramiento a los organismos públicos provinciales, municipales o comunales, universidades nacionales con asiento en la provincia u otros entes u organismos cuyo objeto guarde vinculación con el análisis, estudio o abordaje del federalismo fiscal”.
 
Santa Fe no cuenta con una Ley de Coparticipación Provincial de tributos, ni criterios en los que debe fundar el reparto. El vacío legal en cuanto a las formas de distribución entre Provincia y gobiernos locales se suple con disposiciones sobre distribución de cada uno de los tributos provinciales, a los que debe sumarse la añeja Ley Nº 7457, que fijó porcentajes para distribución a los municipios y comunas de una porción de los tributos nacionales percibidos por el Estado Provincial, luego recogida por la Ley Nº 9595 para hacer lo propio con el Impuesto a las Actividades Lucrativas, devenido hoy en Impuesto a los Ingresos Brutos.
 
Las distintas normas de distribución deben dar lugar a un debate profundo que, en el marco de la integración provincial, proponga pautas claras y razonables para que la detracción de riqueza de particulares en manos del Estado, llegue bajo la forma de servicios de la manera más equitativa a cada rincón de la provincia.
 
La norma distributiva de tributos “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, establece como criterio genérico la Constitución Nacional y, en consecuencia, entendemos que “idéntico espíritu debemos esperar de la norma que se proponga, referido al territorio provincial”.
 
No debemos olvidar que “muchas poblaciones que años atrás revistaban como comunas, son hoy ciudades de segunda categoría”, lo cual desvirtúa los porcentajes originales de la Coparticipación Federal, ya que el 8% a dividir entre estos municipios, hoy tiene un denominador mayor, un resultado menor y, por ende, “una menor transferencia porcentual de fondos” con lo cual ven resentidos sus recursos.
 
Por otra parte, podemos ver que, ya sea por delegación expresa o tácita de la Provincia o porque lo asumieron como forma de compromiso para con los habitantes del lugar, los gobiernos locales se fueron haciendo cargo de distintas áreas que, en el momento del dictado de las leyes mencionadas precedentemente, era impensado que lo hicieran.
 
De igual manera, la prestación de servicios locales fue evolucionando y lo seguirá haciendo de manera permanente adicionando no solamente nuevas áreas de trabajo, sino además nuevas maneras de ejecutarlas para hacerlo más eficientemente.
 
En la actualidad, la participación local en tareas de seguridad, producción, medio ambiente, salud, sanidad, educación no formal, contención de la población en situaciones de riesgo y tantas otras es sumamente común en muchos Municipios y Comunas de la Provincia.
 
Todas estas acciones, obviamente, requieren de los recursos necesarios para que las mismas tengan los resultados deseados, los cuales en la mayoría de los casos no pueden ser medidos en términos económicos y, por ende, “tampoco pueden ser trasladados a los vecinos”; fundamentó el diputado provincial radical Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS), ex intendente de la ciudad de Santo Tomé, departamento La Capital, el Proyecto de Ley (Expediente 30902 CD-DB) (Expediente 34352 CD) de su autoría, ingresado con el acompañamiento de sus pares: Rubén Giustiniani (IP), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS) y Silvia Augsburger (IP) el martes 29 de marzo de 2016 por mesa de movimiento, sancionado con fuerza de Ley por la Legislatura Santafesina, primero el 30 de noviembre de 2016 en Diputados y luego, un año después, el 30 de noviembre de 2017, en el Senado, en ambas Cámaras por unanimidad, comunicándose la flamante norma al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación; no sin antes agregar que “se hace necesario posibilitar a los distintos gobiernos locales el acceso a su propia financiación para la prestación de servicios mediante la descentralización de recursos”.
 
Publicado: 02/Diciembre/2017

Fuente: Susana Goris

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