Veto parcial y prohibición legislativa que perjudica la “atención de los adictos”

El Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Roberto Miguel Lifschitz, si bien registró como Ley Nº 13.671 que contempla la creación de Centros de Recuperación de Adicciones en los 19 departamentos para “la prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos”, autoría del senador provincial justicialista Eduardo Daniel Rosconi (BJ-Caseros) quien, luego de un encomiable esfuerzo parlamentario que se prolongó por espacio de 10 años había logrado el apoyo de ambas Cámaras Legislativas, por unanimidad, el 30 de noviembre de 2017, vetó el 28 de diciembre de 2017 la mayoría de los artículos de la misma (veto parcial y propositivo), y remitió el Mensaje 4654 a la Legislatura para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2018, fecha de inicio del 136º Período Ordinario de Sesiones.
 
No importó el respaldo valioso de los jueces penales de Rosario que calificaron de “urgente e imperiosa” la necesidad de creación de estos espacios para recuperar adictos, ni tampoco la ponencia de Jaquelina Balangione, Defensora Pública Penal Provincial, quien se sumó al reclamo para que “el gobierno santafesino ponga en funcionamiento a la mayor brevedad estos centros de abordaje para personas con problemas de adicción a estupefacientes”, y, haciendo caso omiso a los argumentos planteados por el Colegio de Jueces Penales y por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el Poder Ejecutivo Provincial remitió a la Legislatura el “veto propositivo” para la mayor parte del articulado.
 
Se alega, para ello, entre los principales ítems de los muchos presentados por el Gobierno Provincial, que “en el marco legal nacional se encuentran limitaciones a la creación de estos establecimientos ‘monovalentes’; y que el perfil otorgado a los mismos contradice las Leyes de Salud Mental (Ley Nacional y Ley Provincial Nº 10.772)”, aconsejando en la proposición que “se reformule el perfil en tres aspectos: sus fines preventivos, su incorporación al sistema de salud provincial, y la intervención integral”.
 
Se cuestiona fundamentalmente “la creación de estos centros en las cabeceras de los 19 departamentos”, y, en el veto parcial (propositivo) “se prioriza su instalación en las localidades donde se hayan detectado, según relevamientos de las autoridades de aplicación, mayores casos de vulnerabilidad y/o riesgos, y que no cuenten con otros dispositivos articulados con la red de cuidados”.
 
Esto, prácticamente, limita su instalación a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto; en detrimento y perjuicio de las catorce (14) cabeceras departamentales restantes.
 
Asimismo, se cuestiona la terminología utilizada, ya que la palabra ‘rehabilitación’ no concuerda con los principios del enfoque de los derechos humanos, y, de igual modo, ‘patología’ que no se corresponde con la normativa nacional e internacional en el campo de la salud mental.
 
Cabe destacar que la Ley Nº 13.671, ahora con “veto parcial (propositivo)” del Poder Ejecutivo (Mensaje 4654) que tratarán ambas Cámaras a partir del 1º de mayo de 2018, autoría del senador provincial justicialista Eduardo Daniel Rosconi (BJ-Caseros), establece la creación en las cabeceras de los diecinueve (19) departamentos de la Provincia de Santa Fe de Centros Provinciales de Prevención, Asistencia, Tratamiento y Recuperación de los sujetos que padecen patologías asociadas a los consumos problemáticos y adicciones.
 
Vale recordar que el senador justicialista Eduardo Daniel Rosconi (BJ-Caseros), como corolario de un esfuerzo inconmensurable que se prolongó por espacio de 10 años, había obtenido el 30 de noviembre de 2017 el respaldo de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, por unanimidad en ambas Cámaras, en su 5º intento, ya que en cuatro oportunidades: 2008, 2010, 2012 y 2014, sólo el Senado había otorgado la media sanción que caducara las cuatro veces en Diputados por falta de tratamiento.
 
El jueves 30 de noviembre de 2017, en la última sesión del 135º Período Ordinario de Sesiones, Diputados aprobó sobre tablas la media sanción proveniente del Senado y, de tal forma, como se indica más arriba, en su 5º intento, el senador justicialista Eduardo Daniel Rosconi (BJ-Caseros) logró el apoyo parlamentario en ambas Cámaras; se sancionó con fuerza de Ley por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe y se comunicó al Poder Ejecutivo que registró como Ley Nº 13.671, pero remitió un extenso “veto parcial y propositivo” que deberá ser rechazado o aceptado.
 
Estos Centros estarán especializados en la prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a drogas y demás estupefacientes; así como en la prestación de la terapia y capacitación ocupacional necesarias para su posterior reinserción familiar, social y laboral.
 
Como la problemática de las adicciones ha adquirido proporciones alarmantes en la sociedad y la drogodependencia es una enfermedad que involucra la relación del individuo y su entorno social con la sustancia, consideramos que resulta necesario constituir una red de contención para asistir a los adictos, los cuales presentan una enorme incidencia en la gestación de los actuales dramas de inseguridad pública.
 
Se pretende establecer con la instalación de estos Centros una modalidad innovadora, aunando los aspectos propiamente médicos y psicológicos del tratamiento de las adicciones con los estudios y sesiones de trabajo social y el desarrollo de programas de formación laboral, que les ofrezcan lograr superar sus problemas con una “opción real de reinserción en los procesos sociales y productivos de familias y comunidades”.
 
Estos Centros posibilitarán que los adictos dejen su estilo de vida desorganizado, incorporándose a estructuras que los comprendan integralmente. “El Estado Nacional, acorde al artículo 43º de la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes, se encuentra obligado a asistir económicamente a los Estados Provinciales que cuenten con Centros Públicos de Rehabilitación de Adictos”, había fundamentado el senador justicialista Eduardo Daniel Rosconi (BJ-Caseros), por quinta (5ª) vez, el Proyecto de Ley (Expediente 32567 JL) (Expediente 33167 SEN) ingresado el 31 de marzo de 2016, despachado favorablemente por las comisiones internas del Senado de la Provincia de Santa Fe e incluido en el Orden del Día de la sesión ordinaria del pasado jueves 1º de junio de 2017, donde nuevamente fue aprobado por unanimidad y se comunicó a Diputados en la espera de la sanción definitiva, sin olvidar que en cuatro (4) oportunidades: 2008, 2010, 2012 y 2014 caducó por falta de tratamiento.
 
En función de ello, en la sesión ordinaria del pasado jueves 30 de noviembre de 2017 de Diputados, última del Período Ordinario de Sesiones, luego que las tres comisiones emitieran despacho favorable conjunto, la de Salud Pública y Asistencia Social que preside la diputada radical Estela Maris Yaccuzzi (NEO-UCR-FPCS), la de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado radical Julián Galdeano (UCR-FPCS), y la de Asuntos Constitucionales y Legislación General que preside el diputado socialista Rubén Darío Galassi (PS-FPCS), en trámite sumarísimo se completó el procedimiento legislativo, se otorgó la sanción definitiva y se giró al Poder Ejecutivo que registró como Ley Nº 13.671 pero remitió un veto parcial (propositivo) que será tratado a partir del 1º de mayo de 2018 para su promulgación, sea por el rechazo o la aceptación.
 
Publicado: 15/Abril/2018

Fuente: Fernando Brosutti

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