Vie, 21 de septiembre de 2018 | 18:12 hs.

[ 03.07.2018 13:55 ]   ›

Se demora la garantía de los derechos humanos en los centros de detención

Alicia Gutiérrez insiste en crear mecanismos de prevención de la tortura

Ante la “existencia de lugares de alojamiento de detenidos que no reúnen las condiciones mínimas para servir como tales”, como aconteciera en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), para el Proyecto de Ley (Expediente 34767 CD-DB) de su autoría, presentado con el acompañamiento de sus pares: Verónica Benas (PARES-FPCS), Carlos Del Frade (FSP-Igualdad), Eduardo Di Pollina (PS-FPCS) y Silvia Augsburger (IP-Igualdad); corregido, mejorado y aumentado en relación a los anteriores que, con media sanción de la Cámara de Diputados, perdieron sucesivamente estado parlamentario en el Senado por falta de consideración; si bien había logrado su inclusión en el Orden del Día de la 7ª sesión ordinaria del jueves 28 de junio de 2018 para su nueva aprobación, fue devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General a los fines de otra revisión; por el cual establece la creación del “mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes”, en cumplimiento, mediante 34 artículos cuidadosamente elaborados, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional Nº 25.932, que tendrá competencia sobre “cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la Provincia de Santa Fe”, de conformidad con lo establecido en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional.
 
Este “Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura” estará integrado por el Comité Provincial y los demás entes estatales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, interesados en “garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de libertad” y, además, en “promover el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención”, como también “visitar periódicamente los mismos; formular recomendaciones; prevenir situaciones; y comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”.
 
Se entiende por lugar de detención, “cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control del Estado Provincial o Municipal donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad”. A los mismos efectos, se entiende como privación de la libertad, a “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente”.
 
El Comité Provincial, creado en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, tendrá autonomía funcional y autarquía financiera, estará integrado por 7 miembros, y, entre sus funciones, “actuará como órgano de coordinación y evaluación”, además de “realizar visitas periódicas generales o de emergencia, con o sin aviso previo, y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de detención”, incluyendo, por ejemplo, “celdas, dormitorios, comedores, cocinas, celdas de aislamiento, baños, áreas de ejercicio, talleres y unidades de atención médica”.
 
El citado Comité Provincial, asimismo, podrá coordinar las visitas con los familiares de las personas que se encuentren privadas de su libertad, entre muchas otras funciones y actividades que no menguan ni alteran las capacidades de las distintas entidades gubernamentales o no, que abordan la problemática, como ser las diferentes mesas de diálogo, monitoreos de la población carcelaria, pasantías de ejecución penal, direcciones de asuntos internos y demás entidades dedicadas al control, prevención y represión de la comisión de hechos de tortura y otros tratos y penas crueles.
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Provincial tendrá innumerables facultades y atribuciones, tales como: solicitar datos, información o documentación a los responsables de los centros de detención; acceder a los archivos; entrevistar a las personas privadas de libertad; ingresar a los lugares de detención; mantener reuniones con magistrados, funcionarios, abogados, médicos e integrantes de los distintos servicios penitenciarios; proponer reformas institucionales, edilicias y normativas; y todo acto que sea necesario; entre muchas otras.
 
En definitiva, este proyecto legislativo debe considerarse como “el conjunto de normas reglamentarias en el orden provincial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”, fundamentó la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), acompañada de sus pares Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), Carlos Del Frade (FSP-Igualdad), Silvia Augsburger (IP-Igualdad) y Verónica Benas (SI-FPCS), el Proyecto de Ley (Expediente 34767 CD-DB) de su autoría y suscripto por los nombrados, que, incluido en el Orden del Día de la 7ª sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2018 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para su aprobación, fue devuelto en pleno recinto a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General a los efectos de una nueva revisión; no sin antes recordar que “en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, se aprobó similar iniciativa en Diputados, pero luego la media sanción perdió en el Senado su estado parlamentario”.
 
Publicado: 03/Julio/2018

Fuente: Susana Goris

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