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[ 08.04.2018 10:50 ]   ›

No prosperó en el Senado el rechazo a una Acordada de la Corte Suprema

Enrico, Giacomino y Rasetto no lograron el respaldo de sus pares senatoriales

En relación al Acta Nº 10 del Acuerdo Ordinario celebrado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en fecha 27 de marzo de 2018, referida al pronunciamiento de la misma respecto de la Ley Nº 13.699, que regula y organiza el “traspaso del personal y las causas del viejo sistema penal”, regido por la Ley Nº 6740, al nuevo sistema penal de la Ley Nº 12.734 y modificatorias, a los fines de implementar el mismo; los senadores radicales: Lisandro Enrico (UCR-FPSUR-Gral. López), Germán Giacomino (UCR-FPSUR-Constitución) y Hugo Rasetto (UCR-FPSUR-Iriondo), del Bloque Frente Progresista SUR de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, no lograron el respaldo de sus pares senatoriales en la 8ª sesión extraordinaria del jueves 5 de abril de 2018 para el proyecto de declaración suscripto por los nombrados por el cual se impulsaba su rechazo.
 
Para Enrico, Giacomino y Rasetto, “resulta llamativo que la propia Corte Suprema de Justicia pretenda mediante una simple acordada, la cual resulta de una jerarquía sensiblemente inferior a la norma jurídica de naturaleza legal, desconocer una ley provincial dictada en uso de las facultades constitucionales otorgadas a esta Legislatura (artículos 56 al 61 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe), basándose en un simple Acuerdo del 30 de junio de 1993 (Acta Nº 30, punto único)”.
 
Señalan los senadores que ese Acuerdo del 30 de junio de 1993 dispuso que “es la propia Corte quien, mediante sus reglamentos y sentencias, gobierna su organización”; siendo incluso que “las Constituciones nacional y provincial son quienes autorizan explícitamente al Poder Legislativo a organizar y estructurar el Poder Judicial”.
 
En este sentido, “la mismísima Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 10.160, que regula toda la estructura del Poder Judicial, es de naturaleza jurídica legal”.
 
En los fundamentos, además, se destaca que “la adopción por parte de la República Argentina del sistema republicano importó, en consecuencia, que el Poder Judicial se encuentre condicionado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales por decisiones previas de los dos Poderes restantes en cuestiones tan centrales como su estructura y sus recursos”.
 
En efecto, “la facultad de adoptar tales decisiones está atribuida por la Constitución sustancialmente al Poder Legislativo el cual puede, a modo de ejemplo, ‘la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia’; como asimismo ‘el Congreso es quien establece tribunales inferiores, crea y suprime empleos, fija sus atribuciones y, en general, está facultado para hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los Poderes’”.
 
En idéntica dirección, “la Constitución de la Provincia de Santa Fe dispone en su artículo 55 incisos 4 y 27 que corresponde a la Legislatura ‘…dictar las leyes de organización y procedimiento judicial…’, y, en general ‘…ejercer la potestad legislativa en cuanto considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta Constitución…’, en ejercicio de los poderes no delegados al Gobierno Federal sin otras limitaciones que las emergentes de dicha Constitución o de la Nacional”.
 
En base a lo expuesto, Enrico, Giacomino y Rasetto consideran que “atenta contra el Estado de Derecho y, puntualmente, contra el sistema democrático de gobierno que la Corte Suprema de Justicia, mediante simples acordadas, disponga en forma unilateral y arbitraria que no cumplirá con una o más leyes provinciales dictadas por la propia Legislatura en uso de sus facultades constitucionales, o que prorrogue el cumplimiento de las mismas hasta que ella lo disponga cuando la ley aquí cuestionada ya entró en vigencia el día 9 de enero de 2018”.
 
Asimismo, “tampoco puede la Corte Suprema de Justicia acusar a esta Legislatura ni al Poder Ejecutivo de romper los espacios de colaboración y coordinación en el trámite de redacción, sanción y promulgación de la Ley Nº 13.699, ya que son facultades excluyentes y exclusivas del Poder Legislativo o de una iniciativa del Poder Ejecutivo a través de un mensaje”.
 
En conclusión, “si bien el Poder Judicial tiene facultades de gobierno y administración propia como lo tiene cada uno de los Poderes, las prioridades de la puesta en marcha de un nuevo sistema procesal penal queda en cabeza de los legisladores” en su carácter de representantes políticos.
 
A modo de ejemplo final, “en la Ley de Presupuesto aprobada cada año por la Legislatura se definen prioridades y cargos dentro de la estructura del Poder Judicial, siendo en ese caso el Poder Legislativo quien analiza y aprueba la estructura orgánica del Poder Judicial como así también puede ampliarla o reducirla”.
 
En síntesis, “el objetivo principal de la Ley Nº 13.699, que regula y organiza el traspaso del personal y las causas del viejo sistema al nuevo sistema penal, es optimizar los recursos del sistema conclusional penal, más en el momento en el cual el sistema procesal vigente se encuentra en pleno funcionamiento”, fundamentaron los senadores radicales: Lisandro Enrico (UCR-FPSUR-Gral. López), Germán Giacomino (UCR-FPSUR-Constitución) y Hugo Rasetto (UCR-FPSUR-Iriondo), el Proyecto de Declaración suscripto por los nombrados que, en la sesión extraordinaria del jueves 5 de abril de 2018 del Senado Santafesino, no obtuvo respaldo alguno del resto de los representantes departamentales.
 
Publicado: 08/Abril/2018

Fuente: Fernando Brosutti

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