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[ 11.07.2019 11:05 ]   ›

Más Varela, Mastrocola y Álvarez por la emergencia en materia de Seguridad

Se procura la declaración por 24 meses ante la gravísima situación

La Ley Provincial Nº 13.297 de noviembre de 2012 declaró la emergencia en materia de Seguridad en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe. Posteriormente, “con gran razonabilidad”, en diciembre del año 2015, a través de la Ley Provincial Nº 13.524, publicada en el Boletín Oficial el día 11 de enero de 2016 se prorrogó esta declaración por única vez y por el lapso de un año, período ya vencido. Vencida la emergencia y la prórroga de la misma, “nos encontramos con una situación peor a la que estábamos”, y, por ello, el día jueves 4 de julio de 2019 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, los diputados provinciales: Sergio Más Varela (Cambiemos-CSF), Germán Mastrocola (Cambiemos-CSF) y Demetrio Álvarez (Cambiemos-CSF), ingresaron el Proyecto de Ley (Expediente 36561 CD-CSF) suscripto por los nombrados, que consta de 17 artículos cuidadosamente elaborados, por el cual “se declara la emergencia en materia de Seguridad Pública” en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe, por el término de veinticuatro (24) meses, con la finalidad primordial de “lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas”.
 
Vale recordar que en la sesión del miércoles 16 de diciembre de 2015 de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado socialista Antonio Bonfatti (PS-FPCS), con asistencia casi perfecta de los 50 diputados y diputadas, por amplísima mayoría y sobre tablas; y luego de los fundamentos del diputado socialista Rubén Galassi (PS-FPCS), presidente de comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, se aceptaron las modificaciones del Senado al Proyecto de Ley (Mensaje 4379) del Poder Ejecutivo y se prorrogó por doce (12) meses la declaración de Emergencia en materia de Seguridad Pública dispuesta por la Ley Nº 13.297 y modificatorias.
 
Se comunicó la norma sancionada en ese Período de Sesiones Extraordinarias al Poder Ejecutivo Provincial que la promulgó y publicó en el Boletín Oficial el día 11 de enero de 2016, tal se indica más arriba, como Ley Provincial Nº 13.524, como una forma de seguir aportando para que la política de Seguridad sea una política de Estado.
 
Cabe destacar que el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade (FSP), acompañado de su par de bloque: Mercedes Meir (FSP), argumentó el voto negativo de ambos y señaló en esa oportunidad que “hace tres años que estamos en emergencia, no obstante en el ámbito de la URI (La Capital) y la URII (Rosario) se registraron 1.092 homicidios, de los cuales el 47% corresponde a menores y jóvenes de hasta 25 años de edad”.
 
Corresponde resaltar, asimismo, que en la sesión extraordinaria especial del Senado Santafesino del día miércoles 9 de diciembre de 2015, presidida por el entonces vicegobernador Jorge Henn (hoy diputado provincial) y las ausencias con aviso de los senadores justicialistas Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) y Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), el (ex) senador radical Hugo Marcucci (UCR-FPCS-La Capital) y el (ex) senador socialista Miguel Lifschitz (PS-FPCS-Rosario), sobre tablas y luego de algunas modificaciones consensuadas, como una forma de colaborar con la gestión del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el gobierno entrante del Gobernador Miguel Lifschitz, ante la solicitud del Poder Ejecutivo Provincial y considerando que en el mes de enero de 2016 vencían los tres años de vigencia, se aprobó por unanimidad de los representantes territoriales presentes el Mensaje 4379 del Poder Ejecutivo y se prorrogó por doce (12) meses la declaración de Emergencia en materia de Seguridad Pública dispuesta por la Ley Nº 13.297 y modificatorias. Se comunicó la media sanción a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que, en la sesión del día miércoles 16 de diciembre de 2015, con su nueva composición y por amplísima mayoría completó el procedimiento. El Poder Ejecutivo, rápidamente, promulgó y publicó como Ley Nº 13.524.
 
El Senado, además, procedió a la creación de una Comisión de Seguimiento de la “inversión de los recursos” conformada por tres (3) senadores departamentales, tres (3) diputados provinciales y tres (3) representantes del Poder Ejecutivo Provincial, los ministros de Seguridad, de Gobierno y Reforma del Estado y de Economía; después de las alocuciones del senador justicialista Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), presidente de la comisión de Seguridad Pública; del senador radical Felipe Michlig (NEO-UCR-FPCS-San Cristóbal), quien ofició de miembro informante del oficialismo; y del senador justicialista Alcides Calvo (PJ-Castellanos) quien, en esa oportunidad, había solicitado “una reunión cordial y amistosa con Maximiliano Pullaro para conocer los proyectos, planes y propuestas en la materia”, la cual se realizó al poco tiempo en “absoluta armonía”.
 
No debemos olvidar que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, entre los meses de noviembre y diciembre de 2012, primero el Senado por unanimidad y luego la Cámara de Diputados por mayoría de 23 votos afirmativos contra 14 votos negativos, además de las abstenciones y ausencias, había aceptado el veto parcial y las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley N° 13.297 de Emergencia en materia de Seguridad Pública como “una forma de seguir aportando para que la política de Seguridad sea una política de Estado”.
 
En esa oportunidad, la Legislatura Santafesina, primero el Senado el 30 de noviembre de 2012 y luego la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012, había aprobado el Decreto 3445/12, por el cual se vetaba parcialmente y se incorporaban enmiendas a la Ley N° 13.297 de Emergencia en Seguridad sancionada por dicha Legislatura el pasado día jueves 01 de noviembre de ese año 2012. Entonces, en definitiva, se habían vetado: el artículo 1º, los incisos a), c), d), k), l), m), n), r), s), t), u) y v) del artículo 2º y los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º y 14º del proyecto de ley sancionado por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en fecha 01 de noviembre de 2012, recibido en el Poder Ejecutivo el día 06 del mismo mes y año y registrado bajo el N° 13.297.
 
El veto parcial al proyecto de ley sancionado y registrado bajo el N° 13.297 y que dispone la declaración de la emergencia en materia de Seguridad Pública en todo el territorio de la provincia de Santa Fe por el término de 18 meses, pudiendo prorrogarse la misma por igual período por una norma de idéntico rango, contiene enmiendas a 12 de los 16 artículos, destacándose el veto al inciso v) del artículo 2º que ordena en forma inmediata apartar de la fuerza policial a los jefes policiales investigados por la justicia.
 
El veto parcial incluye también el veto al manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para Drogas Peligrosas, Tropas de Operaciones Especiales y Asuntos Internos y su contralor por parte del Tribunal de Cuentas y, además, se veta el artículo 12º de creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública de control y supervisión convirtiéndola en una comisión de seguimiento.
 
Las modificaciones propuestas incluyen nuevas redacciones para los 12 artículos vetados de los 16, permaneciendo como punto saliente que la rendición de fondos reservados seguirán, como ocurre en la actualidad, sin el control del Tribunal de Cuentas, con el único objetivo de “mejorar la ley de emergencia en Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe con medidas para lograr una política de Seguridad Democrática”.
 
Los mandatos contenidos en el proyecto de ley registrado bajo el N° 13.297 constituyen órdenes a otros poderes del Estado y, si bien en algunos casos podrían significar una expresión de deseos, en otros importan una verdadera intromisión a competencias constitucionales del Poder Ejecutivo y, por ende, se subvierte el principio de separación de los poderes.
 
Se vetó la cláusula que disponía ordenar el desplazamiento de la fuerza, en forma inmediata, de los jefes investigados por la justicia o con expedientes abiertos para justificar su patrimonio, porque es considerada “constitucionalmente reprochable debido a que invierte el principio de inocencia y genera en los funcionarios policiales una injusta persecución, avasallando la expresa garantía constitucional del debido proceso”.
 
Se propuso, en su reemplazo, un nuevo texto a los fines de “investigar de oficio el patrimonio de los policías que no guarde proporción con sus ingresos y, si se prueba ese incremento patrimonial sustantivo e injustificado, sancionar al funcionario con una pena autónoma y administrativa que será considerada falta grave” en los términos de la ley del personal policial.
 
En cuanto a los fondos reservados del Ministerio de Seguridad, para los cuales el proyecto de ley registrado bajo el N° 13.297 propone que “deben ser rendidos de igual forma que el resto de los gastos públicos, es decir, con el control del Tribunal de Cuentas”, se vetó el artículo respectivo y, al no sugerirse ninguna enmienda, quedó ratificado el actual sistema en el que no interviene el Tribunal de Cuentas y los gastos reservados son justificados con la simple firma del jefe de Policía de la provincia, porque “es una herramienta necesaria para una eficaz tarea de prevención e investigación de ilícitos”.
 
La Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las actuales Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras Legislativas que, según el proyecto de ley registrado bajo el N° 13.297, hubiese tenido a su cargo “el control y supervisión de la aplicación de la norma”, con la modificación propuesta se convirtió en “una Comisión de Seguimiento sin las atribuciones conferidas a la anterior para no violentar la división de los poderes”.
 
Hemos considerado oportuno y conveniente que “se autorice al Poder Ejecutivo para reestructurar los recursos y disponer lo necesario para organizar a la Policía de la provincia de Santa Fe en unidades territoriales más pequeñas”, pudiendo crear órganos especializados, instaurar responsables por distritos de seguridad y fomentar la participación ciudadana en la selección de las autoridades policiales, propiciando además la injerencia de los gobiernos locales y que determinadas áreas administrativas de la Policía provincial dependan directamente del Ministerio de Seguridad.
 
Se previó la creación de un Fondo Especial de Asistencia a la Seguridad Pública y de la Prevención Ciudadana, constituido por el 10% de lo recaudado por el Impuesto de Sellos en Módulos Tributarios (MT) a cuyo efecto su valor unitario se establece en diez centavos de peso ($ 0.10), a los fines de tomar los recaudos presupuestarios necesarios para llevar adelante las medidas anunciadas.
 
Se establece un nuevo régimen de ascensos y concursos, la entrega de datos sobre hechos delictivos al Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para su publicación, la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia, autorizándose al Poder Ejecutivo a ampliar el número de cargos en la cantidad total de 4.000 efectivos policiales quienes cumplimentarán funciones preventivas en comisarías y lugares públicos.
 
Se previó, finalmente, en otro de sus artículos, la adquisición de equipos y sistemas informáticos destinados a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Tropas de Operaciones Especiales, Dirección Provincial de Asuntos Internos, Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y Departamentos que integran la Plana Mayor, “con el objetivo de mejorar el proyecto de ley registrado bajo el N° 13.297 de emergencia en Seguridad Pública para lograr una política de Seguridad Democrática”, había fundamentado el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el Mensaje 4053 que contiene el decreto 3445/2012 con las modificaciones y enmiendas a través del veto parcial a 12 de los 16 artículos del citado proyecto de ley sancionado por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en fecha 01 de noviembre de 2012 y registrado bajo el N° 13.297.
 
El Senado, en la sesión ordinaria de prórroga del día viernes 30 de noviembre de 2012, por unanimidad y sobre tablas, había aceptado el veto parcial del Poder Ejecutivo, y luego la Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria del jueves 20 de diciembre de ese mismo año, en ese caso también sobre tablas pero por 23 votos afirmativos y 14 votos negativos, además de varias abstenciones y ausencias, había obrado de igual manera, quedando consagrado el mencionado veto parcial y enmiendas a 12 de los 16 artículos de la Ley N° 13.297 de Emergencia en Seguridad Pública.
 
Luego el Senado, en la sesión extraordinaria especial del miércoles 9 de diciembre de 2015, sobre tablas y por unanimidad, aprobó el Mensaje 4379 del Poder Ejecutivo, luego de algunas modificaciones consensuadas, y prorrogó la vigencia por doce (12) meses, hasta el mes de enero de 2017, de la Ley de Emergencia en materia de Seguridad Pública y conformó la Comisión de Seguimiento como se indica más arriba.
 
Se comunicó la media sanción a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva que aconteció en la sesión extraordinaria del día miércoles 16 de diciembre de 2015, con su nueva composición, presidida por el diputado socialista Antonio Bonfatti (PS-FPCS) y después de los fundamentos esgrimidos por el diputado socialista Rubén Galassi (PS-FPCS), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se promulgó como Ley Nº 13.524, no sin antes advertir la oposición de la “necesidad de una nueva Ley Policial” porque “no se puede enviar a la calle a jóvenes agentes con sólo 6 meses de preparación”.
 
Ahora, “vencida la emergencia y la prórroga de la misma nos encontramos con una situación peor a la que estábamos” afirmaron los diputados provinciales del Bloque Cambiemos Santa Fe (CSF): Sergio Más Varela (CSF), Germán Mastrocola (CSF) y Demetrio Álvarez (CSF), y, en función de ello, ingresaron el día jueves 4 de julio de 2019 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el Proyecto de Ley (Expediente 36561 CD-CSF) suscripto por los nombrados, que consta de 17 artículos, por el cual se declara la “emergencia en materia de Seguridad Pública por el término de 24 meses”, con el único objetivo de “brindar herramientas para luchar contra este flagelo bajo el control de la Legislatura y el Tribunal de Cuentas”, a sabiendas que “trascenderá los últimos meses del mandato del actual Gobernador, dejando abierta a las nuevas autoridades la posibilidad de poner en foco esta temática tan abandonada por el oficialismo actual”.    
 
Publicado: 11/Julio/2019

Fuente: Fernando Brosutti

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