“En el gran Santa Fe hay al menos 120 chatarrerías trabajando ilegalmente”

Estuvieron presentes, entre otros, Ricardo Airasca, Presidente de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos; Alejandro Saavedra, por TELECOM; Gabriel Ferreyra y Diego García Olmedo, de la empresa Claro; Jorge Tarchini y Sebastián Nitti, de la EPE; Gustavo Pucheta, Subsecretario de Seguridad Preventiva; Andrés Romagnoli, por Litoral Gas; el Fiscal General, Jorge Baclini; el Fiscal Regional Carlos Arietti; el Fiscal General por la Municipalidad; José Corral del ENACOM y la Fiscal Clelia Trossero. Además, estuvieron presentes vecinos y referentes institucionales.

En la apertura de la Audiencia, el diputado Oscar Martínez, Coordinador del Observatorio de Víctimas y autor del proyecto aprobado en Diputados tres semanas atrás, explicitó que “el robo sistemático de cables en la vía pública dejó de ser algo circunstancial para convertirse en una nueva modalidad delictiva organizada que cuenta con un enorme mercado negro donde se compra y se vende el cobre robado. En la Audiencia de Rosario quedó claro que Santa Fe es la capital nacional del robo de cables. Además de que son claros hechos delictivos, esta situación perjudica seriamente a instituciones y particulares que son víctimas. Está claro que desde hace ya varios meses los robos de cables tanto de luz como de telefonía e Internet han dejado de ser hechos esporádicos y circunstanciales para convertirse en una constante”.

Además, agregó: “Detrás de este fenómeno hay mafias que están vinculadas a chatarrerías y lugares que seleccionan el producido de los delitos, que no sólo afecta como delito en sí mismo si no que afecta un servicio público tan importante como el de la energía eléctrica, la telefonía y la conectividad. Es importante abordar la problemática en su real dimensión, para no perseguir solamente al último eslabón de la cadena y así dar una solución integral al problema. Nosotros somos una Provincia que está haciendo enormes esfuerzos en materia de inversión en la Empresa Provincial de la Energía, para los tendidos de media y baja tensión, invirtiendo 125 millones incluso para el tendido de fibra óptica en toda la Provincia y de verdad que tenemos que poner foco en esto. En Santa Fe hay muchísimos barrios que se han visto afectados por este flagelo, y con ellos la normalidad de su vida. Muchos vecinos se han visto privados del acceso a la luz y la conectividad, y también muchas instituciones, lo que las ha forzado a cerrar de manera provisoria. Estamos hablando de instituciones indispensables para la vida como los centros educativos o lugares donde se da de comer”. A continuación, comenzaron los oradores inscriptos para hacer uso de la palabra. 

El primero en tomar la palabra fue un vecino, Presidente del Centro de Jubilados de Barrio El Pozo. “En nuestro barrio tuvimos el robo de los cables de cinco locales en menos de 24 hs. Eso implica pérdidas para el comerciante, incluida la mercadería”. También advirtió que, por las condiciones del barrio, “si se corta un cable de los que abastecen queda sin luz el barrio completo”. De la misma manera, una comerciante de dicho barrio expresó que “hoy tenemos miedo” y que “el robo de cables fue una culminación de todo lo que viene pasando. La gente está cansada y ya no cree en nada. En mi caso, dos veces me robaron los cables”.
En segundo lugar, Ricardo Airasca, de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, señaló que la Cooperativa trabaja en 14 provincias y que en todas se vive algo parecido a lo que sucede en Santa Fe. “En las grandes ciudades roban a la vista de todos y nadie denuncia nada, porque el que lo ve piensa que le roban a la empresa, no se da cuenta que el daño también se lo están haciendo a él mismo”. Sobre la magnitud del fenómeno, expresó la siguiente metáfora: “Es tal el daño que se hace cuando se roba una máquina eléctrica como un transformador, que yo siempre digo que es como bombardear una ciudad para vender los escombros. Es como ver un Ferrari chocado”. Y agregó: “Es importante garantizar la trazabilidad de los materiales no ferrosos”. También advirtió: “Hay gente que sobrevive del cobre, y hay que prestar atención a que la presión social no caiga sobre esas personas”. Indicó también la necesidad de “censar” las zonas donde se registran este tipo de delitos.

Por su parte, Alejandro Saavedra, por TELECOM, advirtió que en Rosario promedian 180 robos mensuales y a veces sufren picos de 300. También repasó que en los últimos 16 meses en Rosario sufrieron 3.500 robos, lo que significa unas 160 toneladas de cobre y 156.000 metros de cables. La reposición de dicho material se estima en 160 millones de pesos. A su vez, en 10 zonas de Rosario se registraron reiteración en 15 veces de robos. En Santa Fe, por su parte, a inicios de 2021 hubo picos de 60 robos mensuales. También indicó que en ciudades como Rafaela o localidades como Frontera también se ha dado este fenómeno.

Diego García Olmedo, de Claro, expresó que “desde la empresa concebimos que estos hechos constituyen un daño directo contra los clientes” y que se han visto obligados a readaptar medidas de seguridad e instalaciones para poder hacer frente a esta situación. También han recorrido los caminos institucionales y legales en post de promover actividades preventivas. Observan además que cuando no se dan casos de flagrancia a la justicia le resulta muy difícil poder ser resolutiva. Indicó a su vez que sería importante la creación de unidades especializadas para abordar este tipo de delitos.

En cuanto a los representantes de la EPE, Jorge Tarchini resaltó que en el último año solo en cobre le sustrajeron a la EPE más de 7.000 kilos, “material que es bastante difícil de reconocer a la hora de asistir a un operativo”. Contó también que minutos antes de comenzar la Audiencia recibió un mensaje donde lo anoticiaban de un nuevo delito de estas características y de gran magnitud en San Lorenzo. “Como detrás hay un servicio esencial para la población nos obliga a buscar soluciones rápidas”, agregó. Por su parte, el Dr. Sebastián Nitti hizo hincapié en las dificultades para poder seguir el camino de la prevención hasta la persecución penal del delito. Distinguió dos tipos de delitos en esta materia: el robo primario y, en segunda instancia, la comercialización de lo robado. A su vez, coincidió con los preopinantes en la dificultad de reconocer en un allanamiento el material robado y que, en caso de reconocerlo, también es complejo asociarlo a un hecho ilícito en particular. A su vez, destacó: “La rápida reposición del servicio hace que la sociedad lo vea como un problema de servicio y no de seguridad pública”.

En representación de Litoral Gas habló Andrés Romagnoli, Gerente de Relaciones Institucionales. También destacó el daño a los usuarios, que sucede incluso en caso de robos de baja monta, como ser el de flexibles de cobre de apenas 30 cm. “En el caso de sustracción violenta queda una fuga importante de gas. Si pasa alguien con un cigarrillo se produciría una llamarada de 3 mts. de alto. Es un tema de calidad del servicio y de seguridad pública”. Advirtió también que la mayor cantidad de casos se ve en Rosario, seguido de Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe, y que en octubre del año pasado tuvieron un pico de 120 denuncias.

En cuanto a los miembros del Ministerio Público de la Acusación, el Fiscal General Jorge Baclini celebró el intercambio, “para articular medidas superadoras entre todos los actores”. Y observó: “esta problemática ha tenido altibajos durante los últimos 20 años, pero ahora se ha consolidado como algo permanente”. En la misma línea, resaltó la importancia de que haya proyectos de ley en esta materia. En cuanto a la cuestión específica del MPA, señaló que “a partir de ahora vamos a tomar como definición de política criminal crear un mapa del delito específico sobre este tema. Vamos a tomar al robo de cables como un patrón de política criminal”. Señaló también la necesidad de generar campañas de concientización sobre qué significa el robo de cables, porque seguramente eso promoverá el aumento de denuncias por parte de los vecinos, ya que el robo en la vía pública es el primer paso de todo este proceso. En cuanto a las organizaciones criminales, advirtió sobre la importancia de reforzar los controles sobre las chatarrerías, especialmente por parte de los Municipios.
Sobre el tema de las chatarrerías, los Fiscales Carlos Arietti y Clelia Trossero señalaron un dato muy peculiar: “En el gran Santa Fe, considerando Santo Tomé y la zona de la costa, pudimos contabilizar a ojo al menos 120 chatarrerías trabajando ilegalmente. Por el contrario, solo 5 hay habilitadas”. Reconoció que se trata de un relevamiento informal, y que se observa en general a simple vista en Santo Tomé, la zona de la costa y el norte de la ciudad de Santa Fe. “Algunas están ubicadas en barrios de mayor peligrosidad, otras más a simple vista. Dar una lista hoy es complicado. No hay una lista formalizada”. A su vez, Trossero advirtió que muchas veces se confunde o mezcla si un negocio es de chatarrería o autopartes, y que sobre esto sería bueno legislar. 

Por su parte, el Fiscal de la Municipalidad repasó algunos de los lugares donde más abundaron estos robos: “La bajada Di Stefano, el Parque Federal, con 90% de robo de cables subterráneos; San Pantaleón con 180 mts. de alumbrado público; el Parque Garay, con un 40% del robo de cables. No vale la pena seguir enumerando”. También señaló los robos en el Cementerio Municipal, Parque de la Constitución y Parque del Sur.
José Corral, en nombre del ENACOM, celebró la convocatoria e indicó que estos hechos son una afrenta permanente a la autoridad. Pidió, a su vez, una regulación más estricta para la comercialización de los metales no ferrosos.

Finalmente, en nombre del Ministerio de Seguridad habló el Comisario Pucheta, quien se puso a disposición y reconoció la necesidad de capacitar al personal sobre la magnitud de este tipo de delitos a los fines de garantizar una prevención más eficaz. 

De esta manera, concluyó la segunda Audiencia Pública en esta materia, con las manifestaciones del Diputado Martínez que puso a disposición “la mirada atenta de la Cámara de Diputados” para abordar esta problemática “que afecta a servicios esenciales como la energía eléctrica y la conectividad, por los cuales la Provincia está haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante”.