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[ 10.04.2023 12:05 ]   ›

Se insiste en “Diputados y Diputadas” de la provincia de Santa Fe con “investigar a los cómplices de la dictadura militar”

Bruera, De Ponti, Bravo, Olivera, Del Frade y Pacchiotti quieren “identificar a los actores económicos locales”

Se insiste en “Diputados y Diputadas” de la provincia de Santa Fe con “investigar a los cómplices de la dictadura militar”
En el transcurso del mes de febrero de 2022, hace poco más de un año, la diputada Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), acompañada de sus pares: Lucila De Ponti (PJ-Movimiento Evita), Paola Bravo (Lealtad Kirchnerista-La Cámpora), Ricardo Olivera (PJ-Presidente del Partido Justicialista Distrito Santa Fe), Carlos Del Frade (FSP-CF) y Dámaris Pacchiotti (FSP-CF), reingresó por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe el Proyecto de Ley por el cual, mediante 7 artículos, incluido el de forma, se crea en el ámbito de la Legislatura Santafesina una “Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia” que, en atención a que no fuera considerado en todo ese tiempo ni incluido en las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo (Omar Perotti), deberá aguardar hasta después del 1º de mayo de 2023, fecha de inicio del 141º Período Ordinario de Sesiones, para su probable consideración y tratamiento.
 
Cabe tener presente al respecto que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de “Diputados y Diputadas”, desde la 4ª sesión del 137º Período Extraordinario de Sesiones del día 20 de febrero de 2020, estudió pero dejó caer en cuanto a su estado parlamentario el Proyecto de Ley (Expediente 37542 CD-PJ) de las diputadas justicialistas Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Paola Bravo, presentado por mesa de movimiento el 19 de febrero de 2020, por el cual, mediante 7 artículos, se crea en el ámbito de la Legislatura, una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia a los fines de determinar la responsabilidad de actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe.
 
No debemos olvidar que los diputados provinciales José María Tessa (Mandato Cumplido), Luis Daniel Rubeo (PJ), Patricia Gazcué (Mandato Cumplido), Gerardo Rico (Mandato Cumplido), Oscar Urruty (Mandato Cumplido), Eduardo Toniolli (Mandato Cumplido), Ricardo Olivera (PJ), Alicia Gutiérrez (Mandato Cumplido), Mariana Robustelli (Mandato Cumplido) y otros, habían obtenido el despacho pertinente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de dicha Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para el Proyecto de Ley (Expediente 28808 DB) (Expediente 30487 CD) suscripto por los nombrados y, en la sesión ordinaria de prórroga del día jueves 20 de noviembre de 2014, bajo la presidencia del mencionado diputado justicialista Luis Daniel Rubeo (PJ), por 25 votos afirmativos, un voto negativo: el del diputado radical Santiago Mascheroni (Mandato Cumplido), ninguna abstención y 23 ausencias, y el respaldo necesario para la iniciativa por la que se crea, en el ámbito de la Legislatura, una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a los fines de investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron o facilitaron delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. Se comunicó esa media sanción al Senado donde caducó.
 
La Comisión Bicameral; que estará compuesta por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Provincial, quien deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos, y 3 diputados y 3 senadores elegidos por sus pares; tendrá por objeto elaborar un informe con identificación de aquellos actores económicos locales que contribuyeron o se beneficiaron del terrorismo de Estado. Se entenderá por contribución el apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. La Comisión deberá, en el caso de identificar una eventual comisión de delitos, formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales.
 
La Comisión, a los fines del cumplimiento de sus objetivos, podrá solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales y, además, requerir informes a organismos públicos o privados, la declaración de personas y el nombramiento de asesores, investigadores o expertos, así como toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de su cometido.
 
La Comisión podrá recurrir al Poder Judicial a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación y, en caso de resultar necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus fines. La Comisión deberá elaborar un primer informe de avance de la tarea dentro de los 180 días de conformada y hacer público el mismo. El tiempo máximo de trabajo no podrá ser superior a un año, salvo que existiesen circunstancias que justificaran una extensión de dicho plazo.
 
La Comisión instará a los cómplices económicos de la dictadura a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a las víctimas y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder.
 
Los diputados provinciales: José María Tessa (MC), Luis Daniel Rubeo (PJ), Patricia Gazcué (MC), Oscar Urruty (MC), Gerardo Rico (MC), Mariana Robustelli (MC), Alicia Gutiérrez (MC), Eduardo Toniolli (MC), Ricardo Olivera (PJ) y otros, habían logrado para el Proyecto de Ley (Expediente 28808 DB) (Expediente 30487 CD) suscripto por los nombrados, que dicha Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, en la sesión ordinaria de prórroga del pasado día jueves 20 de noviembre de 2014, presidida por el mencionado Luis Daniel Rubeo (PJ), por 25 votos afirmativos, un voto negativo: el del diputado radical Santiago Mascheroni (Mandato Cumplido), ninguna abstención y 23 ausencias, obtuviera el respaldo legislativo correspondiente, comunicándose la media sanción al Senado donde perdió estado parlamentario.
 
Ante ello, 5 años y tres meses después, las diputadas justicialistas: Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Paola Bravo, de reconocida y acreditada solvencia en el campo de los Derechos Humanos, presentaron por mesa de movimiento de “Diputados y Diputadas”, el día 19 de febrero de 2020, el Proyecto de Ley (Expediente 37542 CD-PJ) del mismo tenor al que caducara en el Senado, y, en la 4ª sesión del 137º Período Extraordinario de Sesiones del día jueves 20 de febrero de 2020, se derivó sólo a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General donde también caducó en su estado legislativo.
 
Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Paola Bravo entendieron, al igual que los anteriores coautores de la iniciativa, la mayoría con mandato cumplido, que resulta imprescindible la “creación de una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia dedicada al estudio de la actuación de aquellos actores económicos de la provincia de Santa Fe que contribuyeron o se beneficiaron del accionar represivo dictatorial”; no sin antes citar en los fundamentos los casos de Ford Motor, Mercedes Benz, Techint, Acindar y Vicentin (estos últimos en nuestra provincia) como “ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores durante la última dictadura”.
 
Posteriormente, en el transcurso del mes de febrero de 2022, Matilde Bruera, Lucila De Ponti, Paola Bravo, Ricardo Olivera, Carlos Del Frade y Dámaris Pacchiotti, reingresaron el Proyecto de Ley, idéntico al del año 2020, y, hasta la fecha, no ha sido tratado por “Diputados y Diputadas” ni incluido en el 140º Período Extraordinario por el Poder Ejecutivo (Omar Perotti) entre los temas de interés público.
 
Cabe destacar que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de “Diputados y Diputadas” estará en condiciones reglamentarias de tratarlo a partir del 1º de mayo de 2023, fecha de inicio del 141º Período Ordinario de Sesiones, salvo que el Poder Ejecutivo (Omar Perotti) incluya el Proyecto de Ley en cuestión entre los asuntos de interés público a considerar en el actual Período Extraordinario de Sesiones que finalizará el último día hábil del corriente mes de abril del presente año, algo muy poco probable.
 
Publicado: 10/Abril/2023

Fuente: Fernando Brosutti


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