[ 26.10.2016 20:37 ] ›
Defensa de los Derechos del Inquilino en la propuesta legislativa de Miriam Cinalli
Se busca el “seguimiento de las políticas de alquiler” a través de un área específica
Las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, desde la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre de 2016, estudian el Proyecto de Ley (Expediente 32091 CD-CSF-UP) de la diputada provincial Miriam Cinalli (UPRO-CSF), ingresado por mesa de movimiento el día anterior, el miércoles 19 de octubre, por el cual, a través de 10 artículos cuidadosamente elaborados, propone la creación, en la Dirección General de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, del Área de Defensa de los Derechos del Inquilino, que tendrá por misión “velar por la garantía de los derechos adquiridos por Ley Nacional del Derecho al Consumidor”.
El Área de Defensa de los Derechos del Inquilino será coordinada por un especialista designado por el Poder Ejecutivo según la normativa vigente, que elevará su recomendación a la Legislatura Provincial a los fines de la designación; quien durará cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo presentarse a una nueva instancia de concurso y tendrá una remuneración no menor al cincuenta por ciento (50%) del Director General.
El nuevo Código interpreta que “es el locador quien contrata los servicios inmobiliarios, por lo que no se puede obligar a pagar algo que los inquilinos no contrataron”. Ante una infracción cometida por un profesional, “los locatarios contarán con todos los organismos gubernamentales de defensa del consumidor para que, de manera gratuita, sin necesidad de abogados, se pueda denunciar y lograr que sean respetados sus derechos”. Con este nuevo marco, “todos los inquilinos podrán realizar denuncias en el Estado respaldados por la Ley”.
El corredor inmobiliario “no puede solicitar reembolso de gastos administrativos que hacen a su propia actividad”. En cuanto a la renovación del alquiler, “es nula cualquier imposición de comisiones, en abuso de la posición dominante y aprovechando las necesidades del inquilino”. En caso de ser pagada la comisión para evitar el desalojo, el inquilino puede reclamar su restitución.
Las inmobiliarias deben “garantizar condiciones de atención y trato digno a los inquilinos”. No se puede discriminar la familia con niños, con mascotas (a excepción de la prohibición expresa en el reglamento de copropiedad) y en aprobación de garantías contractuales sin motivos legítimos.
En función de ello, “se considera imprescindible la creación de un área específica e independiente que efectúe el seguimiento de las políticas de alquiler”, para que “tenga la posibilidad de intervención efectiva en defensa de los derechos de los inquilinos y pueda hacer las recomendaciones necesarias para superar cualquier vulneración a los mismos por parte del Estado o de la sociedad civil”, fundamentó la diputada provincial Miriam Cinalli (UPRO-CSF) el Proyecto de Ley (Expediente 32091 CD-CSF-UP) de su autoría, ingresado el 19 de octubre y que estudian, desde la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre de 2016, las comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe a las que fue derivado; no sin antes agregar que “debemos ser prudentes en la creación de organismos, no sólo por cuestiones presupuestarias, sino también para evitar superposición funcional o de facultades”.
Publicado: 26/Octubre/2016
El Área de Defensa de los Derechos del Inquilino será coordinada por un especialista designado por el Poder Ejecutivo según la normativa vigente, que elevará su recomendación a la Legislatura Provincial a los fines de la designación; quien durará cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo presentarse a una nueva instancia de concurso y tendrá una remuneración no menor al cincuenta por ciento (50%) del Director General.
El nuevo Código interpreta que “es el locador quien contrata los servicios inmobiliarios, por lo que no se puede obligar a pagar algo que los inquilinos no contrataron”. Ante una infracción cometida por un profesional, “los locatarios contarán con todos los organismos gubernamentales de defensa del consumidor para que, de manera gratuita, sin necesidad de abogados, se pueda denunciar y lograr que sean respetados sus derechos”. Con este nuevo marco, “todos los inquilinos podrán realizar denuncias en el Estado respaldados por la Ley”.
El corredor inmobiliario “no puede solicitar reembolso de gastos administrativos que hacen a su propia actividad”. En cuanto a la renovación del alquiler, “es nula cualquier imposición de comisiones, en abuso de la posición dominante y aprovechando las necesidades del inquilino”. En caso de ser pagada la comisión para evitar el desalojo, el inquilino puede reclamar su restitución.
Las inmobiliarias deben “garantizar condiciones de atención y trato digno a los inquilinos”. No se puede discriminar la familia con niños, con mascotas (a excepción de la prohibición expresa en el reglamento de copropiedad) y en aprobación de garantías contractuales sin motivos legítimos.
En función de ello, “se considera imprescindible la creación de un área específica e independiente que efectúe el seguimiento de las políticas de alquiler”, para que “tenga la posibilidad de intervención efectiva en defensa de los derechos de los inquilinos y pueda hacer las recomendaciones necesarias para superar cualquier vulneración a los mismos por parte del Estado o de la sociedad civil”, fundamentó la diputada provincial Miriam Cinalli (UPRO-CSF) el Proyecto de Ley (Expediente 32091 CD-CSF-UP) de su autoría, ingresado el 19 de octubre y que estudian, desde la sesión ordinaria del jueves 20 de octubre de 2016, las comisiones internas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe a las que fue derivado; no sin antes agregar que “debemos ser prudentes en la creación de organismos, no sólo por cuestiones presupuestarias, sino también para evitar superposición funcional o de facultades”.
Publicado: 26/Octubre/2016
Fuente: Susana Goris
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