[ 12.09.2017 17:58 ] ›
Ante supuesto “rigorismo funcional” de Barraguirre se acude a la Legislatura
La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para intervenir en el caso
Fiscales de Cámaras, Defensores de Cámaras, Fiscales y Defensores de Primera Instancia y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Poder Judicial de Santa Fe, “prosiguiendo el trámite oportunamente efectuado ante la Corte Suprema de Justicia”, han formulado una presentación por ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Antonio Juan Bonfatti, en fecha 11 de setiembre de 2017, solicitando la intervención de ese Poder, en base a sus competencias y facultades constitucionales (artículos 84, 91, 98, 99 y subsiguientes y concordantes de la Constitución de la Provincia de Santa Fe), a los fines de que “se investigue el desempeño funcional del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Barraguirre, en su condición de titular del Ministerio Público Fiscal”.
La presentación es “continuidad de la formulada oportunamente por los Funcionarios aludidos por ante el Máximo Tribunal Provincial, el cual se declaró incompetente funcionalmente para intervenir en el caso sometido a su consideración”.
Se solicita la intervención de la Legislatura en base a la gravedad de los hechos denunciados, los cuales se vinculan con el desempeño del Procurador General, Jorge Alberto Barraguirre.
Estos hechos pueden sintetizarse (no taxativamente) de la siguiente manera: “mal desempeño funcional; comportamientos arbitrarios e irracionales que han atentado contra la institucionalidad en general y contra todos los Funcionarios denunciantes en particular; actuación fuera de los límites que le impone su jerarquía judicial; intromisión en causas de trascendencia que corresponden a la esfera funcional de actuación de los Fiscales de Primera Instancia”.
En el mismo sentido, “implementación de lineamientos de trabajo incoherentes, cambiantes y arbitrarios, tanto en el ámbito de las Fiscalías como de la Defensa Pública; disposiciones inconsultas y fuera de lugar, que llevaron a un colapso y demora en la conclusión de las causas, afectando el sistema conclusional; exigencia a los Fiscales de realizar actuaciones jurisdiccionales a sabiendas de que las mismas estaban totalmente fuera del marco de la ley; pedido que formulara también a los jueces del fuero penal”.
Asimismo, “abuso de poder; tráfico de influencias; falta de idoneidad y ecuanimidad”; como de igual modo, “generación de un clima laboral de hostigamiento, mal trato y acoso laboral para con los Funcionarios subordinados a él; generación de temor, intimidando con el inicio de sumarios y sanciones, sin motivo para ello; intimidaciones que en algunos casos terminaron concretándose en la aplicación de sanciones injustificadas a Funcionarios del Ministerio Público Fiscal”.
Y, finalmente, “disposición de traslados arbitrarios de Fiscales de una sede a otra, sin contar con la conformidad de éstos y en casos no previstos en la ley; e insólito retraso en las causas jurisdiccionales y expedientes de gobierno de la Corte Suprema, en las que el Procurados General debe intervenir y dictaminar”.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe “ha tomado conocimiento de la situación, habiendo solicitado en el ámbito de la Legislatura que se le dé intervención ante la eventual afectación directa o indirecta de algún Funcionario o empleado asociado al mismo”.
También el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Norte) “se ha expedido al respecto mediante resolución de su Comisión Directiva”, concluye la presentación de Fiscales de Cámaras, Defensores de Cámaras, Fiscales y Defensores de Primera Instancia y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Poder Judicial de Santa Fe, por ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Antonio Juan Bonfatti, en fecha 11 de setiembre de 2017, solicitando la intervención de ese Poder a los fines de que se “investigue el desempeño funcional del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Barraguirre, en su condición de titular del Ministerio Público Fiscal”.
Publicado: 12/Setiembre/2017
La presentación es “continuidad de la formulada oportunamente por los Funcionarios aludidos por ante el Máximo Tribunal Provincial, el cual se declaró incompetente funcionalmente para intervenir en el caso sometido a su consideración”.
Se solicita la intervención de la Legislatura en base a la gravedad de los hechos denunciados, los cuales se vinculan con el desempeño del Procurador General, Jorge Alberto Barraguirre.
Estos hechos pueden sintetizarse (no taxativamente) de la siguiente manera: “mal desempeño funcional; comportamientos arbitrarios e irracionales que han atentado contra la institucionalidad en general y contra todos los Funcionarios denunciantes en particular; actuación fuera de los límites que le impone su jerarquía judicial; intromisión en causas de trascendencia que corresponden a la esfera funcional de actuación de los Fiscales de Primera Instancia”.
En el mismo sentido, “implementación de lineamientos de trabajo incoherentes, cambiantes y arbitrarios, tanto en el ámbito de las Fiscalías como de la Defensa Pública; disposiciones inconsultas y fuera de lugar, que llevaron a un colapso y demora en la conclusión de las causas, afectando el sistema conclusional; exigencia a los Fiscales de realizar actuaciones jurisdiccionales a sabiendas de que las mismas estaban totalmente fuera del marco de la ley; pedido que formulara también a los jueces del fuero penal”.
Asimismo, “abuso de poder; tráfico de influencias; falta de idoneidad y ecuanimidad”; como de igual modo, “generación de un clima laboral de hostigamiento, mal trato y acoso laboral para con los Funcionarios subordinados a él; generación de temor, intimidando con el inicio de sumarios y sanciones, sin motivo para ello; intimidaciones que en algunos casos terminaron concretándose en la aplicación de sanciones injustificadas a Funcionarios del Ministerio Público Fiscal”.
Y, finalmente, “disposición de traslados arbitrarios de Fiscales de una sede a otra, sin contar con la conformidad de éstos y en casos no previstos en la ley; e insólito retraso en las causas jurisdiccionales y expedientes de gobierno de la Corte Suprema, en las que el Procurados General debe intervenir y dictaminar”.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe “ha tomado conocimiento de la situación, habiendo solicitado en el ámbito de la Legislatura que se le dé intervención ante la eventual afectación directa o indirecta de algún Funcionario o empleado asociado al mismo”.
También el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Norte) “se ha expedido al respecto mediante resolución de su Comisión Directiva”, concluye la presentación de Fiscales de Cámaras, Defensores de Cámaras, Fiscales y Defensores de Primera Instancia y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Poder Judicial de Santa Fe, por ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Antonio Juan Bonfatti, en fecha 11 de setiembre de 2017, solicitando la intervención de ese Poder a los fines de que se “investigue el desempeño funcional del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Barraguirre, en su condición de titular del Ministerio Público Fiscal”.
Publicado: 12/Setiembre/2017
Fuente: Susana Goris
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