[ 24.02.2021 09:24 ] ›
Se suspendió la compra de armas para la Policia. La UCR pide explicaciones
Legisladores radicales buscan esclarecer los motivos de la suspensión de la compra de equipamiento para la Policía de Santa Fe luego de conocerse la decisión de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Integrantes del Bloque UCR en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, que preside Maximiliano Pullaro, presentaron un pedido de informes al poder Ejecutivo para conocer los motivos de la suspensión de la recepción de sobres y la apertura de ofertas de la Licitación para la adquisión de armamento para las fuerzas de seguridad de la provincia. El planteo llegó a la Legislatura luego de que se conociera que la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes tomó esa decisión. Más tarde se hizo público que una de las empresas interesadas en participar del proceso presentó un recurso en la Justicia denunciando irregularidades en la elaboración del pliego.
“Lo que nos generó dudas respecto de la licitación fue que en el informe de gestión que el ministro de Seguridad hizo circular por whatsapp a distintos periodistas el pasado 12 de febrero se afirmaba que había una cierta cantidad de armas que estaban próximas a ser adquiridas. Cuando consultamos el estado de ese punto del informe, nos enteramos que la propia Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Estado había suspendido el proceso el 2 de febrero” explicó el diputado Juan Cruz Cándido.
La licitación a la que se hace referencia tenía prevista la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador, 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.
En el texto ingresado a la cámara baja se hace menciona que “el día 2 de febrero, tras la impugnación interpuesta por la empresa BERSA S.A., la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dicta la resolución 054/21 por la que resuelve suspender la recepción de sobres y la apertura de ofertas de la licitación abierta por resolución 022/21 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes se aprueba el pliego de bases y condiciones particulares de la Licitación Pública N.º 11/21 para la adquisición de armamento con destino a la Policía de la Provincia dependiente del Ministerio de Seguridad”.
Según se conoció luego de la presentación del pedido de informes de los legisladores radicales, el recurso judicial que interpuso Bersa S.A., una de las empresas productoras de pistolas que utilizan las fuerzas de seguridad de nuestro país, denunciaba una serie de irregularidades en el pliego de licitación. La medida judicial fue aceptada por parte de la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
“Una vez que ingresamos el proyecto por las dudas que nos generó las contradicciones entre el discurso del ministro de Seguridad, el informe presentado a los medios y la previo resolución, nos enteramos de la denuncia de la empresa” explicó Cándido. Sobre ese punto señaló que “tenemos entendido que allí se planteaba que en la confección del pliego se beneficiaba a una empresa en particular y por eso la Justicia había resuelto la suspensión momentánea”.
Por otro lado, integrantes del bloque señalaron que “nos encontramos en un momento donde las condiciones de seguridad pública se fueron agravando. Ante esto sabemos que es necesario retomar las inversiones para equipar a la Policía que fueron casi nulas en el último año, y son necesarias mejorar las tareas de policiamiento, la prevención y la investigación. Pero para poder hacer esto, el Estado debe generar condiciones de compra que sean claras y transparentes. Esta situación no hace más que entorpecer el proceso y seguir atrasando las respuestas por mejor seguridad que merecemos los santafesinos y santafesinas”.
“Lo que nos generó dudas respecto de la licitación fue que en el informe de gestión que el ministro de Seguridad hizo circular por whatsapp a distintos periodistas el pasado 12 de febrero se afirmaba que había una cierta cantidad de armas que estaban próximas a ser adquiridas. Cuando consultamos el estado de ese punto del informe, nos enteramos que la propia Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Estado había suspendido el proceso el 2 de febrero” explicó el diputado Juan Cruz Cándido.
La licitación a la que se hace referencia tenía prevista la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador, 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.
En el texto ingresado a la cámara baja se hace menciona que “el día 2 de febrero, tras la impugnación interpuesta por la empresa BERSA S.A., la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dicta la resolución 054/21 por la que resuelve suspender la recepción de sobres y la apertura de ofertas de la licitación abierta por resolución 022/21 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes se aprueba el pliego de bases y condiciones particulares de la Licitación Pública N.º 11/21 para la adquisición de armamento con destino a la Policía de la Provincia dependiente del Ministerio de Seguridad”.
Según se conoció luego de la presentación del pedido de informes de los legisladores radicales, el recurso judicial que interpuso Bersa S.A., una de las empresas productoras de pistolas que utilizan las fuerzas de seguridad de nuestro país, denunciaba una serie de irregularidades en el pliego de licitación. La medida judicial fue aceptada por parte de la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
“Una vez que ingresamos el proyecto por las dudas que nos generó las contradicciones entre el discurso del ministro de Seguridad, el informe presentado a los medios y la previo resolución, nos enteramos de la denuncia de la empresa” explicó Cándido. Sobre ese punto señaló que “tenemos entendido que allí se planteaba que en la confección del pliego se beneficiaba a una empresa en particular y por eso la Justicia había resuelto la suspensión momentánea”.
Por otro lado, integrantes del bloque señalaron que “nos encontramos en un momento donde las condiciones de seguridad pública se fueron agravando. Ante esto sabemos que es necesario retomar las inversiones para equipar a la Policía que fueron casi nulas en el último año, y son necesarias mejorar las tareas de policiamiento, la prevención y la investigación. Pero para poder hacer esto, el Estado debe generar condiciones de compra que sean claras y transparentes. Esta situación no hace más que entorpecer el proceso y seguir atrasando las respuestas por mejor seguridad que merecemos los santafesinos y santafesinas”.
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