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[ 04.09.2021 11:16 ]   ›

Mayoraz quiere instalar “inhibidores de señal de telefonía móvil e Internet inalámbrica” en el perímetro de los establecimientos penitenciarios

Se plantea, con Armas Belavi y Argañaraz, la creación del Programa “Cárceles Seguras – Santa Fe Segura”

Mayoraz quiere instalar “inhibidores de señal de telefonía móvil e Internet inalámbrica” en el perímetro de los establecimientos penitenciarios
Con el objeto de dar cumplimiento a lo estatuido por la Ley Nacional Nº 27.375 que reforma la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, régimen al que Santa Fe adhirió por Ley Provincial Nº 11.661 y que establece en su artículo 160 que “…quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”, el diputado Nicolás Mayoraz (VF), acompañado de sus pares: Natalia Armas Belavi (VF) y Juan Domingo Argañaraz (VF), presentó el día 20 de agosto de 2021 por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, el Proyecto de Ley (Expediente 44804 CD-VF), con estado parlamentario propiamente dicho desde la 8ª sesión del actual 139º Período Ordinario de Sesiones, por el cual, mediante 9 artículos, “se prohíbe el uso de telefonía móvil e Internet inalámbrica en todos los establecimientos penitenciarios provinciales” y se procede a la creación del Programa “Cárceles Seguras – Santa Fe Segura”.
 
El Programa “Cárceles Seguras – Santa Fe Segura” consiste en la “instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e Internet inalámbrica en el perímetro de los establecimientos penitenciarios”.
 
Se establece, además, que “el único y exclusivo medio de comunicación telefónica permitido para uso del personal del servicio penitenciario es a través del servicio de telefonía fija e Internet por cable”.
 
Y, por ello, “cada pabellón debe contar con una espacio para la comunicación de los internos por vía telefónica fija y videollamada a través de Internet por cable”.
 
Asimismo, “las unidades penitenciarias deben contar con un Registro de Llamadas”, en el que se asiente nombre del interno, su firma u otro modo de identificación fehaciente, horario de inicio y finalización de utilización de los teléfonos públicos del establecimiento.
 
El Registro de Llamadas “de ningún modo podrá limitar el derecho de comunicación de los internos y tendrá carácter confidencial. Se permite la utilización de los datos contenidos en dicho Registro sólo por orden judicial”.
 
La reglamentación de la presente Ley determinará la frecuencia de llamadas que el interno puede realizar semanalmente y las condiciones excepcionales que deben cumplirse en caso de urgencia.
 
El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, en su condición de autoridad de aplicación de la presente Ley, tendrá a su cargo “contratar el servicio de provisión, control técnico y reparación que garantice un adecuado funcionamiento, tanto del sistema de inhibición de señal de telefonía móvil e Internet inalámbrica como del sistema de telefonía fija e Internet por cable”.
 
Y, también, “brindar mecanismos especiales de seguridad a la empresa prestadora del servicio, a fin de garantizar una segura prestación del mismo”, como de igual modo “ejercer el contralor del cumplimiento de la presente Ley conforme los procedimientos que se establezcan en la reglamentación”.
 
Además, “la falta de cumplimiento de los términos de la presente Ley configura falta grave e incumplimiento en los deberes de funcionario público”.
 
“Al advertir la existencia de incumplimientos, la autoridad de aplicación procederá a la apertura del procedimiento disciplinario que corresponda, sin perjuicio del deber de denunciar en caso de existencia de delito”, explicó el diputado Nicolás Mayoraz (VF), presidente del Bloque Vida y Familia (VF), acompañado de sus pares: Natalia Armas Belavi (VF) y Juan Domingo Argañaraz (VF).
 
Se aclaró, por parte del autor y coautores, que “la medida tiene todos los visos de legalidad y razonabilidad que puede exigirse en el marco del respeto por los derechos individuales y en un todo armonizado con los imperativos de seguridad pública que la situación imperante requiere”.
 
El Proyecto de Ley (Expediente 44804 CD-VF) del diputado Nicolás Mayoraz (VF), presentado el día 20 de agosto de 2021 por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, con el acompañamiento de sus pares de bancada: diputada Natalia Armas Belavi (VF) y Juan Domingo Argañaraz (VF), fue derivado en la 8ª sesión del 139º Período Ordinario de Sesiones del día jueves 26 de agosto de 2021 a las comisiones internas asignadas para su estudio y pronto despacho, no sin antes agregar el presidente del Bloque Vida y Familia (VF) que “la sociedad necesita medidas como la que proponemos para vivir más tranquila”.
 
Publicado: 04/Setiembre/2021

Fuente: Susana Goris


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