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[ 06.09.2024 01:53 ]   ›

En el marco de la “construcción de legitimidad” el Senado Santafesino dio media sanción, por mayoría, a la reforma jubilatoria

El Mensaje del Poder Ejecutivo consideró, en buena parte, el informe final de la comisión bicameral de Análisis y Estudio del Sistema Previsional

En el marco de la “construcción de legitimidad” el Senado Santafesino dio media sanción, por mayoría, a la reforma jubilatoria
En atención al Mensaje 5115 (Expediente 51390 PE) del Poder Ejecutivo (Maximiliano Pullaro), presentado el día 28 de agosto por mesa de movimiento (mesa de ingresos) de esta Cámara de Senadores (foto gentileza Prensa Senado) de la provincia de Santa Fe, los senadores y senadora, en el transcurso de la sesión del jueves 5 de septiembre de 2024, por votación mayoritaria, dieron media sanción a la declaración de emergencia previsional y reforma del sistema jubilatorio de los empleados y funcionarios públicos de la provincia, que consta de 57 artículos corregidos, mejorados y aumentados y que, según sus autores y el oficialismo senatorial, consideró para su elaboración el informe final de la comisión bicameral de análisis y estudio del sistema previsional creada por Ley Nº 14.268.
 
Se modificó el Mensaje 5115 original ya que en el artículo 4º, referido a la integración de la comisión técnica de control y seguimiento de la emergencia previsional, que será integrada por dos (2) integrantes del Senado, dos (2) integrantes de Cámara de Diputados y dos (2) integrantes del Poder Ejecutivo, se habilitó a dicho Poder Ejecutivo que “garantizará la participación de representantes de asociaciones gremiales del sector público”.
 
La emergencia previsional será por 2 años, prorrogables por un (1) año“si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad contempladas en la mencionada declaración”.
 
Las modificaciones en el régimen general contemplan medidas para evitar jubilaciones anticipadas, recortes al 2 por 1 e, incluso, la posibilidad de la adquisición de años por moratorias de ANSES, así como límites a los pagos para los considerados casos de matrimonios in extremis.
 
En este caso de los aportes del régimen general, el nivel 1 sube del 14.5 al 15.5%; el nivel 2 del 14.5 al 16.5% y el nivel 3 al 17%. En relación a las categorías más altas, suben al 19, 20 y 21% ya que suben 9.27% los aportes para esa escala que comprende a las autoridades máximas de los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), empresas y organismos descentralizados.
 
En cuanto a las modificaciones en el régimen docente, se mantiene la posibilidad de jubilación docente, de dirección y de supervisión a los 57 años, con 30 años de servicios con el 76% del haber que llegará al 82% en el caso de 33 años de actividad. Esto significa que se seguirán jubilando a los 57 años los educacionistas si dan clases y están en el aula frente a alumnos, y si son profesores y tienen 30 horas de cátedra ó más.
 
En relación a las modificaciones en el régimen de seguridad, es decir, régimen policial, régimen penitenciario y régimen del personal del IAPIP, se separa la función estricta del personal policial o penitenciario de los auxiliares que pasarán a tener las mismas condiciones que el régimen general. En cuanto al personal de calle, se eleva el aporte entre 18 y 20% y el Estado como patronal al 22%. En el supuesto del haber de retiro se tendrán en cuenta los últimos 36 ingresos cuando hoy es de 12 ingresos. Esto es, se podrán retirar voluntariamente a los 30 años de servicios con un 80% de su haber y, por cada año adicional, sumar 1.5% más hasta el 85% de su haber base.
 
Sobre los cambios en los distintos regímenes previsionales, establece mayores aportes de los activos que pasan del 14.5 al 15.5% como mínimo y al 21% en las categorías superiores, tal se explicita más arriba. La contribución patronal también sube y pasará a ser del 19% que será abonada por el Estado provincial, municipal y comunal. Para este caso, los municipios y comunas adheridas a Caja de Jubilaciones y Pensiones. Y, también, EPE, instituciones privadas de educación y demás.
 
Puntualmente, en relación a los mayores aportes de funcionarios del Estado que ocupen cargos de conducción política o de gabinete que hubiesen ingresado el 11 de diciembre de 2023 en adelante del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras Legislativas, miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, el procurador general, magistrados y otros integrantes que ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más de dichos órganos, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensores del Pueblo y los órganos de conducción superior de las entidades descentralizadas y empresas del Estado provincial, deberán realizar un aporte solidario por el lapso de 36 meses equivalente a 2.77% del haber.
 
Y, además, mayores aportes solidarios de los pasivos con más de 3 haberes mínimos. En este caso el descuento será de 2% del haber a quienes cobren entre 3 y 5 mínimas. Entonces, sobre esa base, es decir, en números redondos, de 370.000 pesos, el porcentaje inicial del 2% afectará a los jubilados provinciales que ganen entre 1.100.000 pesos y 1.850.000 pesos. Quienes perciban entre 1.850.000 pesos (5 haberes mínimos) y 2.960.000 pesos (8 haberes mínimos), deberán aportar el 3%. El descuento será del 4% para quienes cobren entre 2.960.000 pesos (8 mínimas) y 4.070.000 pesos (11 mínimas). Deberán aportar el 5% quienes cobren entre 4.070.000 pesos (11 mínimas) y 5.110.000 pesos (14 mínimas). Y, finalmente, se estipula que aporten el 6% quienes cobren entre 5.110.000 pesos (14 mínimas) y 7.400.000 pesos (20 mínimas). Los porcentajes son los establecidos por el articulado, en cambio los montos están calculados sobre la base de números redondos de la jubilación mínima que, en cifras exactas, es de 367.700 pesos, por lo tanto cada monto final será levemente inferior para realizar el descuento. Estos aportes solidarios (no voluntarios) se efectuarán por el lapso de tres años si es que se accede a la prórroga propuesta ya que la emergencia previsional es de dos años prorrogables por otro año más.
 
El articulado contempla asimismo disposiciones transitorias con el objetivo de empalmar la ley vigente con la ley futura. Se determina que accederán a los beneficios con el régimen vigente hasta el presente quienes hubieran iniciado el trámite tendiente a la obtención del beneficio jubilatorio; hubiesen logrado el dictamen jurídico favorable de dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones; no se encuentren prestando efectivamente servicios como activos por haber sido aceptada su renuncia por el empleador para acogerse a los beneficios jubilatorios o, sin que se pueda acreditar dicho extremo, se encuentre gozando de la licencia anual obligatoria previa al cese de la relación de dependencia.
 
Sin cambios en las edades de 65 años para los varones y de 60 años para las mujeres. No obstante, se autoriza al Poder Ejecutivo a cambios en la edad jubilatoria en caso de sancionarse una ley nacional al respecto.
 
Se incorpora la figura del “Pilar Complementario” para el haber previsional inicial que seguirá siendo del 82% para las categorías más bajas del escalafón y se reducirá al 70% ó más en las categorías superiores.
 
También estipula que el haber máximo de la jubilación ordinaria es el monto correspondiente a 20 jubilaciones mínimas, es decir, considerando que actualmente la jubilación mínima es de 370.000 pesos, la máxima será, en números redondos, de 7.400.000 de pesos, con la aclaración dada ut supra (como arriba). Quienes perciban, cuando se promulgue y publique esta Ley, haberes superiores a este monto, absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial hasta que se alcance el tope del haber máximo. Por ello, como unidad de medida para fijar el tope de haberes, se establece el valor de la jubilación mínima.
 
Entonces, como síntesis, en los 57 artículos se estipulan incrementos en los porcentajes de los aportes con un escala creciente: a mayor ingreso mayor aporte, con una escala máxima a las autoridades políticas de los tres poderes del Estado; incrementos de las contribuciones; aportes extraordinarios por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado a la mencionada Caja de Jubilaciones y Pensiones; y un aporte extraordinario que alcanza a jubilados y pensionados en función de los ingresos y sujeto a principios de equidad y progresividad.
 
Vale recordar que la comisión bicameral de Análisis Previsional, en su informe final, coincidió en que dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a su beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo; y en continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a nuestra Provincia, ya que el Estado Nacional, desde el año 1999, se comprometió a cubrir los déficits de las Cajas provinciales no transferidas.
 
Y, finalmente, que “el sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad, y, por ello, quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de procurar su sostenimiento”.
 
Tal como se presumía, esta Cámara de Senadores, el jueves 5 de setiembre de 2024, aprobó el Mensaje 5115 (Expediente 51390 PE) del Poder Ejecutivo, luego de las alocuciones de Raúl Gramajo, Rodrigo Borla, Rubén Pirola, Esteban Motta y Felipe Michlig, quienes oficiaron de miembros informantes, y se comunicó la media sanción votada por mayoría, a Cámara de Diputados y Diputadas, en este caso Cámara revisora, que dio ingreso a la mencionada media sanción minutos más tarde y acordó una preferencia de tratamiento para la próxima sesión que se realizará el jueves 12 de setiembre de 2024 en la que, también por mayoría, se completará el procedimiento parlamentario “sin modificar una coma” con la sanción definitiva y se comunicará rápidamente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
 
Cabe destacar, asimismo, que en la sesión senatorial del pasado jueves 29 de agosto, Rubén Pirola presentó sobre tablas un Proyecto de Ley que modifica algunos artículos de la Ley Nº 6915 referidos al Directorio de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones que quedará constituido por seis (6) miembros titulares: un director y un subdirector en representación del Poder Ejecutivo, dos vocales en representación de los activos y dos vocales representación de los pasivos, y otros ítems como funciones y duración en sus cargos; como reflejo de las posturas y opiniones dadas a conocer por el susodicho en ocasión del trabajo encomendado a la comisión bicameral de análisis y estudio del sistema previsional creada por Ley Nº 14.268, y cuyo informe final se elevara al Poder Ejecutivo y que, según los autores del Mensaje 5115: Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía y Pablo Olivares (gobernador, ministro de Gobierno e Innovación Pública y ministro de Economía, respectivamente), fue tomado como base para la elaboración de los 57 artículos de la declaración de emergencia previsional y reforma del sistema jubilatorio de los empleados y funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe.
 
Como corolario, y como advertencia, quienes se oponen a esta reforma “profunda, completa e integral” desarrollada in extenso, anticipan que, sobre la base del principio de la seguridad social, y ante la “doble imposición”, se presenten amparos judiciales alegando ilegalidad de la norma y, tal vez, una “catarata de juicios”. Ante ello, el oficialismo calificó a quienes se oponen por la oposición misma de esgrimir conductas “negacionistas, obstructivas y/o de carácter político-gremial”.
 
Y, además, en función al comunicado del Partido Justicialista Santafesino, que considera a esta reforma “innecesaria y perjudicial para los trabajadores ya que lesiona sus derechos”, y el parecer de algunos gremios y sindicatos, caso FESTRAM que la califica de la “peor reforma previsional puesto que los trabajadores aportarán más, tendrán que trabajar más para jubilarse y, como jubilados, ganarán menos”, todo hace suponer que así como los 5 senadores justicialistas votaron en forma negativa, los diputados y diputadas justicialistas de Cámara de Diputados, tal vez junto a otros sectores políticos, también votarán en forma negativa. No obstante, el jueves 12 de setiembre de 2024, quedaría sancionado el Mensaje 5115 con fuerza de Ley y se comunicaría al Poder Ejecutivo para su rápida promulgación.
 
Tal como se indica ut supra (más arriba), en el Senado Santafesino oficiaron de miembros informantes: Raúl Gramajo, Rodrigo Borla, Rubén Pirola, Esteban Motta y Felipe Michlig.
 
Raúl Gramajo dijo que “en el año 2015 se avizoraba, por informaciones claras y fidedignas, que nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones había encendido un semáforo amarillo y que a partir del año 2020 el déficit entraría en una espiral de crecimiento exponencial”, y agregó que “esto que ahora aprobamos es a favor de los jubilados santafesinos y de las futuras generaciones”.
 
Añadió Raúl Gramajo, en su extensa alocución, que “el Mensaje 5115 del Poder Ejecutivo tiende a que esta Caja de Jubilaciones y Pensiones siga en manos de la Provincia de Santa Fe”, no sin antes aclarar que “no se solucionará el déficit el año que viene, pero es una Ley que permitirá aplanar la curva y evitar que dicha Caja deba pasar al ANSES, y, por ello, es un acto de justicia que los propios que estamos dentro del sistema tengamos que bregar por la sustentabilidad y sostenimiento”.
 
Rodrigo Borla, a su turno, fundamentó desde lo técnico y explicó las modificaciones que aportó el Senado al Mensaje 5115 original: duración de la emergencia; la constitución de la comisión de seguimiento y el sistema de aportes, definiéndolo como “justo y equitativo, ya que el que más gana más paga; y el que menos gana, menos paga”. Expresó, además, que con esta reforma, “el sistema será más justo ya que el que más gana más aporta, pero a la hora de cobrar hay una mirada descendente”. Aclaró, asimismo, “que esta reforma no terminará con el déficit, pero la curva comenzará a amesetarse y, en el futuro, empezará a decrecer”.
 
Finalmente, Rodrigo Borla remarcó “la decisión política de no traspasar nuestra Caja a manos de la Nación, ya que esta Caja es de todos y debemos salvarla para que siga en el ámbito público de la Provincia de Santa Fe”.
 
Rubén Pirola, quien fundamentó el voto negativo de los cinco senadores justicialistas, dijo que “nuestra negativa es responsable y plenamente fundada, ya que está vinculada a las formas y al fondo. Nos hubiera gustado poder aportar nuestra mirada a la Ley”.
 
Agregó el presidente del Bloque del Partido Justicialista que “este proyecto carece de racionalidad ya que mezcla la emergencia con reformas estructurales”. “Si hubiésemos tenido margen para el debate, desde este Senado podrá haber salido una Ley más constructiva”, dijo y añadió que “creemos que esta Caja no está en emergencia ni tiene un déficit estructural”.
 
Siguió Rubén Pirola y expresó que “compartimos los principios de solidaridad y equidad, pero al ver los números nos encontramos que por primera vez los aportes personales son superiores a los aportes patronales”. “No compartimos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo Provincial para acompañar las modificaciones que haga el Gobierno Nacional en relación a las edades”, finalizó.
 
Esteban Motta, a su turno, habló de “responsabilidad y razonabilidad para garantizar derechos y la sustentabilidad de nuestra Caja, como asimismo su sustento en las mejores condiciones”. “Muchos dirigentes gremiales provinciales mintieron” aseguró, y señaló con énfasis para completar su intervención que “defendemos el Estado Provincial para generar la mejor jubilación de los trabajadores santafesinos, como hoy tienen en relación a todas las otras Provincias”.
 
Felipe Michlig, quien coincidió con los argumentos de Gramajo, Borla y Motta, dijo “no podemos seguir generando déficit”. “Nosotros, en campaña, nos comprometimos a cambiar las cosas en la provincia de Santa Fe para reeditar que nuestra Provincia es invencible” y, para ello, “hay que tomar medidas políticas aunque no sean del agrado de todos, pero es nuestra obligación poner orden en nuestra Provincia”. “Atenuar el déficit significa actuar con responsabilidad”.
 
“Esta Caja queda en la órbita provincial porque asumimos ese compromiso pero, para eso, tenemos que administrarla de manera correcta” dijo Felipe Michlig y se preguntó “¿Qué dirán los dirigentes de AMSAFE y FESTRAM que les mintieron a sus afiliados?”.
 
“En Santa Fe se terminó la joda, todo lo que nos pasó es por culpa del populismo”, sentenció el presidente provisional del Senado, y prometió que “seguiremos reclamando la deuda de $ 800.000 M a la Nación en solidaridad con los 3.600.000 santafesinos y continuaremos sosteniendo la sustentabilidad de nuestra Caja que tiene 112.000 jubilados y 210.000 trabajadores activos”.
 
Anunció, finalmente, que la “Cámara de Diputados (el jueves 12 de setiembre de 2024) otorgará sanción definitiva sin modificar una coma” a esta media sanción dada por el Senado Santafesino, no sin antes priorizar “el orden, la austeridad y la transparencia” en todo lo actuado.    
 
Publicado: 06/Setiembre/2024

Fuente: Fernando Brosutti


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