Palo Oliver solicita información sobre medidas de la Corte provincial en torno a la actuación del equipo interdisciplinario del Poder Judicial

Dicho equipo técnico intervino en la causa "S, J.S. c/ D, V.A. s/Alimentos, Litis Expensas, Tenencia y Régimen de Visitas” (Expte. 64/2014), que se tramito en lo que por entonces era el Tribunal Colegiado de Familia N° 5, Secretaría Segunda.

Entre los fundamentos, Palo Oliver mencionó la denuncia penal interpuesta por la abogada Carolina Walker Torres, querellante en dicho expediente. En este sentido, el legislador explicó que “el equipo denunciado entrevistó a dos niñas que, de acuerdo al fallo dictado en el marco de una investigación penal por abuso sexual agravado, fueron víctimas de actos aberrantes consumados por su padre. Las profesionales denunciadas, que forman parte del Poder Judicial santafesino, realizaron un informe según el cual los hechos descriptos por las niñas no eran abusos sexuales en tanto que obedecían a prácticas naturalizadas en el núcleo familiar”.

Diez años después de la elaboración del mencionado informe, dos integrantes del mencionado equipo sostuvieron y ratificaron su contenido en el marco de su participación como testigos en el proceso penal seguido contra el padre de las niñas abusadas.

Al respecto, el diputado recordó que “mediante el informe referido, en el año 2016 las profesionales recomendaron la revinculación de las niñas con su padre aún en conocimiento de la existencia de la denuncia penal por abusos sexuales. La negativa de las niñas a la reanudación del contacto con su padre tampoco fue considerada en el dictamen formulado por el Equipo interviniente”

Vale la pena recordar que las integrantes del equipo fueron denunciadas como coautoras de los delitos de prevaricato, denegación de justicia, violación de deberes de funcionario público, omisión de deberes de funcionario público, y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por ser funcionario público.

La abogada Carolina Walker Torres especificó en su denuncia, que las profesionales aplicaron el denominado "síndrome de alienación parental", En este punto, se incorporó en el informe la siguiente conclusión: "La Sra. S. ha establecido una suerte de binomio madre-hijas frente al padre. Prevalece en ellas una mirada de la realidad egocéntrica, no diferenciando su propio yo del de sus hijas..." a partir de esta conclusión, las profesionales concluyeron que el relato de las niñas no correspondía a hechos sucedidos.

Sin perjuicio de esta conclusión, las profesionales en el mismo informe dictaminaron que las conductas abusivas eran "juegos", parte de la "dinámica relacional de la familia", o prácticas que "adquirieron la connotación de abuso sexual por parte de la madre de las menores luego de la separación de la pareja conyugal".

En este punto, Palo Oliver agregó: “Diez años después, las profesionales que testimoniaron en el juicio criminal sostuvieron las conclusiones del informe hasta el punto de afirmar que las niñas consintieron los abusos de su padre. Una afirmación que por sí misma indica la necesidad de adoptar medidas en relación a los profesionales”.

“Por todo ello es que queremos saber qué medidas ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ante la denuncia penal presentada, observando que la actuación del equipo es un ejemplo de cómo el propio sistema judicial reproduce y legitima violencias, invisibiliza abusos y conductas agresivas contra las infancias y lesiona los derechos de las víctimas”, finalizó el legislador.

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