Mascheroni y otros quieren establecer un sistema de prevención de la tortura

Ante la “existencia de lugares de alojamiento de detenidos que no reúnen las condiciones mínimas para servir como tales”, y sobre la base de una iniciativa presentada en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, por la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), el diputado radical Santiago Mascheroni (UCR-FPCS), acompañado de sus pares oficialistas y de la oposición: Antonio Bonfatti (PS-FPCS), Héctor Cavallero (FJV), Claudia Giaccone (JSF), Julio Eggimann (JSF), Patricia Tepp (UCR-FPCS), Eduardo Di Pollina (PS-FPCS), Rubén Giustiniani (IP-Igualdad), Luis Daniel Rubeo (BJ), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS), Roberto Mirabella (FJV), María Cecilia del Huerto Ayala (PS-FPCS), Silvia Augsburger (IP-Igualdad), Federico Reutemann (PyT) y otros, ingresó el día jueves 13 de diciembre de 2018 por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el Proyecto de Ley (Expediente 35983 CD-DB); corregido, mejorado y aumentado en relación a los anteriores que, con media sanción de Diputados, perdieron sucesivamente estado parlamentario en el Senado por falta de consideración; por el cual se establece la creación del “sistema provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes”, en cumplimiento, mediante 28 artículos cuidadosamente elaborados, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional Nº 25.932, que tendrá competencia sobre “cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la Provincia de Santa Fe”, de conformidad con lo establecido en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional.
 
Este “Sistema Provincial de Prevención de la Tortura” estará integrado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe instituido por Ley Nº 13.014, el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y los demás entes estatales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, interesados en “garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de libertad” y, además, en “promover el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención”, como también “visitar periódicamente los mismos; formular recomendaciones; prevenir situaciones; y comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”.
 
Se entiende por lugar de detención, “cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control del Estado Provincial o Municipal donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad”. A los mismos efectos, se entiende como privación de la libertad, a “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente”.
 
El Consejo Provincial, creado en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, se integrará con el Servicio Provincial de Defensa Penal de la Provincia y con 15 miembros, y, entre sus funciones, “actuará como órgano de coordinación y evaluación”, además de “realizar visitas periódicas generales o de emergencia, con o sin aviso previo, y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de detención”, incluyendo, por ejemplo, “celdas, dormitorios, comedores, cocinas, celdas de aislamiento, baños, áreas de ejercicio, talleres y unidades de atención médica”.
 
El citado Consejo Provincial, asimismo, podrá coordinar las visitas con los familiares de las personas que se encuentren privadas de su libertad, entre muchas otras funciones y actividades que no menguan ni alteran las capacidades de las distintas entidades gubernamentales o no, que abordan la problemática, como ser las diferentes mesas de diálogo, monitoreos de la población carcelaria, pasantías de ejecución penal, direcciones de asuntos internos y demás entidades dedicadas al control, prevención y represión de la comisión de hechos de tortura y otros tratos y penas crueles.
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Provincial tendrá innumerables facultades y atribuciones, tales como: solicitar datos, información o documentación a los responsables de los centros de detención; acceder a los archivos; entrevistar a las personas privadas de libertad; ingresar a los lugares de detención; mantener reuniones con magistrados, funcionarios, abogados, médicos e integrantes de los distintos servicios penitenciarios; proponer reformas institucionales, edilicias y normativas; y todo acto que sea necesario; entre muchas otras.
 
En definitiva, este proyecto legislativo debe considerarse como “el conjunto de normas reglamentarias en el orden provincial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”, fundamentó el diputado radical Santiago Mascheroni (UCR-FPCS), acompañado de varios diputados y diputadas oficialistas y de la oposición, el Proyecto de Ley (Expediente 35983 CD-DB) ingresado por mesa de movimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el día 13 de diciembre de 2018, que consta de 28 artículos cuidadosamente elaborados, para su tratamiento a partir del 1º de mayo de 2019, fecha de inicio del 137º Período Ordinario de Sesiones.
 
Se aclaró, en los fundamentos, que se había tomado como base para su elaboración la iniciativa de la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCS), y recordar que “en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, se había aprobado en Diputados, pero luego la media sanción perdió en el Senado su estado parlamentario”, motivo por el cual se presenta ahora, corregida y mejorada. Corresponde aclarar, asimismo, que la diputada Alicia Gutiérrez, en el año 2018, presentó por 5ª vez el proyecto original que consta de 34 artículos, y, por ende, conserva estado parlamentario.
 
Publicado: 20/Diciembre/2018

Fuente: Susana Goris

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