Vie, 02 de Diciembre de 2022 | 12:22 hs.

[ 17.11.2022 13:25 ]   › Proyecto de Ley sobre pago de aranceles por parte de IAPOS

Amplio apoyo de instituciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad

Este jueves por la mañana, numerosas entidades y organizaciones nucleadas en UENDISFE, junto al diputado provincial Fabián Palo Oliver y la concejala santotomesina Natalia Angulo, mantuvieron un contacto con los medios de prensa.

Amplio apoyo de instituciones  que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad
En dicho encuentro las instituciones manifestaron expresamente su apoyo al proyecto de ley, que dispone que la obra social IAPOS tome obligatoriamente como piso el nomenclador nacional, al momento de abonar las prestaciones de salud hechas en beneficio de las personas con discapacidad.

Asimismo, se dispone un plazo máximo de 30 días para que se haga efectivo el pago de las prestaciones realizadas.  

En el encuentro con la prensa, la presidenta de UENDISFE, Gabriela Ortolochipi, sostuvo que “la aprobación de este proyecto sería un gran primer paso para mejorar la situación planteada en torno a Iapos. Esperemos ser escuchados por los demás legisladores, así como lo fuimos por el diputado Palo Oliver.

 No resulta un detalle menor señalar que al mes de diciembre, la diferencia entre los valores nacionales y lo que pagó Iapos, fue de un 40%”.

Otro aspecto resaltado por la titular de la entidad que agrupa a las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad es que “el tiempo para el pago de prestaciones de IAPOS es mucho mayor que el resto de las Obras Sociales”.

“También tenemos problemas con los traslados, con los medicamentos, con la entrega de insumos”, agregó Ortolopichi.

A su turno, el diputado provincial Palo Oliver, autor del proyecto, ratificó lo formulado en los fundamentos de la iniciativa: “A nivel nacional existe la ley 24.901 que regula el modo en que deben pagarse las prestaciones y es de carácter obligatorio para todas las obras sociales del país.

Lo que está ocurriendo desde el año 2017 es que IAPOS dejó de tomar en cuenta el nomenclador nacional que es publicado por el Ministerio de Salud de la Nación o por la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de ello, sostienen caprichosamente que dicho nomenclador es una mera referencia, interpretación que los habilita a pagar por debajo de esos valores”.

“Esta situación genera muchas dificultades a los afiliados que ven entorpecidos sus tratamientos y a los prestadores que reciben por su trabajo mucho menos de lo que les corresponde”.

Otro aspecto relevante es el marcado recorte de prestaciones cubiertas y el atraso en el pago, lo que en un contexto inflacionario como el que vivimos, es determinante”, finalizó el diputado.
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