Ex presidentes de SanCor CUL procesados

Las y los trabajadores perjudicados en el ejercicio de sus derechos manifestaron, a través de un comunicado difundido por el sindicato, que avanzarán con la ampliación de la denuncia penal en curso. Según sostienen desde la organización gremial, la maniobra denunciada no solo continúa vigente sino que se ha agravado, al asegurar que la empresa mantiene una modalidad delictiva consistente en registrar como remunerativo en los recibos de haberes únicamente el equivalente a un salario mínimo, el cual además presenta reiterados atrasos en su pago.

En el mismo documento, el sindicato señala que —tal como lo han advertido especialistas y distintos medios— la evasión fiscal persistente en el tiempo impacta de manera directa en la situación actual de la empresa. Desde esa perspectiva, enumeran el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del estado económico real, la tergiversación de los recibos de haberes y maniobras que afirman fueron comprobadas por la fiscalía. Todo ello, sostienen, coloca a SanCor frente a la posibilidad de un concurso fraudulento, con la consecuente extensión de responsabilidad hacia sus autoridades.

Asimismo, desde la organización gremial expresan que, en un contexto social donde con frecuencia se relativizan delitos cometidos por sectores con poder económico, la decisión adoptada por la Justicia resulta alentadora. No obstante, aclaran que esta situación no puede generalizarse al conjunto del empresariado, destacando que la mayoría de los empresarios del sector lácteo actúan con honestidad y buena fe.

El comunicado también recuerda que, desde hace años, el sindicato venía advirtiendo sobre el desenlace que podía tener la situación de la empresa si no se adoptaban decisiones de fondo. En ese sentido, afirman contar con conocimiento específico de la actividad, no solo a nivel nacional sino también internacional, y remarcan que se intentó durante largo tiempo tender puentes con inversores lácteos de relevancia, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cooperativa. Según el texto difundido, esas gestiones fueron sistemáticamente boicoteadas.

Desde la óptica gremial, estas decisiones afectaron gravemente la confianza de los productores y derivaron en un escenario de profunda insensibilidad social, condenando a los trabajadores y a sus familias a atravesar situaciones económicas críticas, marcadas por la falta de pago de salarios y la incertidumbre sobre la continuidad laboral. “No se trata de una cuestión política, sino de una cuestión ética”, expresan en el comunicado.

Finalmente, desde ATILRA señalaron que consideran concluida esta etapa judicial, aunque advirtieron que no permanecerán pasivos ante el futuro de la empresa. En ese marco, ratificaron que continuarán trabajando en la búsqueda de alternativas que permitan sostener la fuente de trabajo y los puestos laborales, incluso frente a un eventual escenario de liquidación.

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