La Legislatura Santafesina sancionó con fuerza de Ley la declaración de emergencia previsional y reforma del sistema jubilatorio

En atención al Mensaje 5115 (Expediente 51390 PE) del Poder Ejecutivo (Maximiliano Pullaro), presentado el día 28 de agosto por mesa de movimiento (mesa de ingresos) del Senado Santafesino y que el 5 de setiembre los senadores y senadora aprobaran por mayoría, referido a la declaración de emergencia previsional y reforma del sistema jubilatorio de los empleados y funcionarios públicos de la provincia, que consta de 57 artículos corregidos, mejorados y aumentados y que, como Expediente 54694 PER, se girara rápidamente a esta Cámara de Diputados (foto gentileza Prensa Diputados), la cual, el jueves 12 de setiembre de 2024, también por votación mayoritaria, completó el procedimiento parlamentario con la sanción definitiva, comunicándose al mencionado Poder Ejecutivo que registró bajo el Nº 14.283, promulgó y publicó este viernes 13 de setiembre en el Boletín Oficial para su plena vigencia, no sin antes coincidir sus autores y el oficialismo legislativo en que para su elaboración se consideró el informe final de la comisión bicameral de análisis y estudio del sistema previsional creada por Ley Nº 14.268 aunque se admitieron algunas correcciones y leves mejoras en su redacción original.
 
Se modificó el Mensaje 5115 original ya que en el artículo 4º, referido a la integración de la comisión técnica de control y seguimiento de la emergencia previsional, que será integrada por dos (2) integrantes del Senado, dos (2) integrantes de Cámara de Diputados y dos (2) integrantes del Poder Ejecutivo, se habilitó a dicho Poder Ejecutivo que “garantizará la participación de representantes de asociaciones gremiales del sector público”.
 
La emergencia previsional será por 2 años, prorrogables por un año más “si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad contempladas en la mencionada declaración”.
 
Las modificaciones en el régimen general contemplan medidas para evitar jubilaciones anticipadas, recortes al 2 por 1 e, incluso, la posibilidad de la adquisición de años por moratorias de ANSES, así como límites a los pagos para los considerados casos de matrimonios in extremis.
 
En este caso de los aportes del régimen general, el nivel 1 sube del 14.5 al 15.5%; el nivel 2 del 14.5 al 16.5% y el nivel 3 al 17%. En relación a las categorías más altas, suben al 19, 20 y 21% ya que suben 9.27% los aportes para esa escala que comprende a las autoridades máximas de los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), empresas y organismos descentralizados.
 
En cuanto a las modificaciones en el régimen docente, se mantiene la posibilidad de jubilación docente, de dirección y de supervisión a los 57 años, con 30 años de servicios con el 76% del haber que llegará al 82% en el caso de 33 años de actividad. Esto significa que se seguirán jubilando a los 57 años los educacionistas si dan clases y están en el aula frente a alumnos, y si son profesores de secundaria y terciarios y tienen 30 horas de cátedra ó más que, en tal situación, deben acreditar los últimos 10 años, esto es, 120 meses.
 
En relación a las modificaciones en el régimen de seguridad, es decir, régimen policial, régimen penitenciario y régimen del personal del IAPIP, se separa la función estricta del personal policial o penitenciario de los auxiliares que pasarán a tener las mismas condiciones que el régimen general. En cuanto al personal de calle, se eleva el aporte entre 18 y 20% y el Estado como patronal al 22%. En el supuesto del haber de retiro se tendrán en cuenta los últimos 36 ingresos cuando hoy es de 12 ingresos. Esto es, se podrán retirar voluntariamente a los 30 años de servicios con un 80% de su haber y, por cada año adicional, sumar 1.5% más hasta el 85% de su haber base.
 
Sobre los cambios en los distintos regímenes previsionales, establece mayores aportes de los activos que pasan del 14.5 al 15.5% como mínimo y al 21% en las categorías superiores, tal se explicita más arriba. La contribución patronal también sube y pasará a ser del 19% que será abonada por el Estado provincial, municipal y comunal. Para este caso, los municipios y comunas adheridas a Caja de Jubilaciones y Pensiones. Y, también, EPE, instituciones privadas de educación y demás.
 
Puntualmente, en relación a los mayores aportes de funcionarios del Estado que ocupen cargos de conducción política o de gabinete que hubiesen ingresado el 11 de diciembre de 2023 en adelante del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras Legislativas, miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, el procurador general, magistrados y otros integrantes que ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más de dichos órganos, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensores del Pueblo y los órganos de conducción superior de las entidades descentralizadas y empresas del Estado provincial, deberán realizar un aporte solidario por el lapso de 36 meses equivalente a 2.77% del haber.
 
Y, además, mayores aportes solidarios de los pasivos con más de 3 haberes mínimos. En este caso el descuento será de 2% del haber a quienes cobren entre 3 y 5 mínimas. Entonces, sobre esa base, es decir, en números redondos, de 370.000 pesos, el porcentaje inicial del 2% afectará a los jubilados provinciales que ganen entre 1.100.000 pesos y 1.850.000 pesos. Quienes perciban entre 1.850.000 pesos (5 haberes mínimos) y 2.960.000 pesos (8 haberes mínimos), deberán aportar el 3%. El descuento será del 4% para quienes cobren entre 2.960.000 pesos (8 mínimas) y 4.070.000 pesos (11 mínimas). Deberán aportar el 5% quienes cobren entre 4.070.000 pesos (11 mínimas) y 5.110.000 pesos (14 mínimas). Y, finalmente, se estipula que aporten el 6% quienes cobren entre 5.110.000 pesos (14 mínimas) y 7.400.000 pesos (20 mínimas). Los porcentajes son los establecidos por el articulado, en cambio los montos están calculados sobre la base de números redondos de la jubilación mínima que, en cifras exactas, es de 367.700 pesos, por lo tanto cada monto final será levemente inferior para realizar el descuento. Estos aportes solidarios (no voluntarios) se efectuarán por el lapso de tres años si es que se accede a la prórroga propuesta ya que la emergencia previsional es de dos años prorrogables por otro año más.
 
El articulado contempla asimismo disposiciones transitorias con el objetivo de empalmar la ley vigente con la ley futura. Se determina que accederán a los beneficios con el régimen vigente hasta el presente quienes hubieran iniciado el trámite tendiente a la obtención del beneficio jubilatorio; hubiesen logrado el dictamen jurídico favorable de dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones; no se encuentren prestando efectivamente servicios como activos por haber sido aceptada su renuncia por el empleador para acogerse a los beneficios jubilatorios o, sin que se pueda acreditar dicho extremo, se encuentre gozando de la licencia anual obligatoria previa al cese de la relación de dependencia.
 
Sin cambios en las edades de 65 años para los varones y de 60 años para las mujeres. No obstante, se autoriza al Poder Ejecutivo a cambios en la edad jubilatoria en caso de sancionarse una ley nacional al respecto.
 
Se incorpora la figura del “Pilar Complementario” para el haber previsional inicial que seguirá siendo del 82% para las categorías más bajas del escalafón y se reducirá al 70% ó más en las categorías superiores.
 
También estipula que el haber máximo de la jubilación ordinaria es el monto correspondiente a 20 jubilaciones mínimas, es decir, considerando que actualmente la jubilación mínima es de 370.000 pesos, la máxima será, en números redondos, de 7.400.000 de pesos, con la aclaración dada ut supra (como arriba). Quienes perciban, cuando se promulgue y publique esta Ley, haberes superiores a este monto, absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial hasta que se alcance el tope del haber máximo. Por ello, como unidad de medida para fijar el tope de haberes, se establece el valor de la jubilación mínima.
 
Además “no se podrán acumular beneficios y se introduce un límite temporal a las pensiones, esto es, que un cónyuge o pareja sólo cobrará la pensión por igual tiempo de convivencia con el titular del beneficio”, y, de igual modo, “un tope por acumulación de beneficios, es decir, el límite será siempre de 20 haberes mínimos”.
 
En el mismo sentido, para quienes tienen sus jubilaciones otorgadas en el Poder Judicial pero no se acogen al retiro a los fines de seguir percibiendo sueldos altos que superan los $ 10 M en muchos casos, y para terminar con esta especulación, deberán renunciar a sus trabajos en el curso de este año 2024 y, si no lo hacen, se deberá jubilar con el nuevo sistema previsional.
 
Entonces, como síntesis, en los 57 artículos, además de ratificar acciones realizadas por la Provincia para reclamar al Gobierno Nacional su deuda sobre nuestra Caja de Jubilaciones, se estipulan incrementos en los porcentajes de los aportes con un escala creciente: a mayor ingreso mayor aporte, con una escala máxima a las autoridades políticas de los tres poderes del Estado; incrementos de las contribuciones; aportes extraordinarios por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado a la mencionada Caja de Jubilaciones y Pensiones; y un aporte extraordinario que alcanza a jubilados y pensionados en función de los ingresos y sujeto a principios de equidad y progresividad.
 
Vale recordar que la comisión bicameral de Análisis Previsional, en su informe final, coincidió en que dicha Caja de Jubilaciones y Pensiones debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a su beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo; y en continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a nuestra Provincia, ya que el Estado Nacional, desde el año 1999, se comprometió a cubrir los déficits de las Cajas provinciales no transferidas.
 
Y, finalmente, que “el sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad, y, por ello, quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de procurar su sostenimiento”.
 
Tal como se presumía, el Senado Santafesino, el jueves 5 de setiembre aprobó el Mensaje 5115 (Expediente 51390 PE) del Poder Ejecutivo, luego de las alocuciones de Raúl Gramajo, Rodrigo Borla, Rubén Pirola, Esteban Motta y Felipe Michlig, quienes oficiaron de miembros informantes, y se comunicó la media sanción votada por mayoría, a esta Cámara de Diputados y Diputadas (foto gentileza Prensa Diputados), en este caso Cámara revisora, que dio ingreso a la mencionada media sanción minutos más tarde como Expediente 54694 PER y, el jueves 12 de setiembre de 2024, también por mayoría, completó el procedimiento parlamentario “sin modificar una coma” con la sanción definitiva y se comunicó rápidamente al Poder Ejecutivo que registró con el Nº 14.283, promulgó y publicó en el Boletín Oficial para su vigencia.
 
Cabe destacar, asimismo, que en la sesión senatorial del pasado jueves 29 de agosto, Rubén Pirola presentó sobre tablas un Proyecto de Ley que modifica algunos artículos de la Ley Nº 6915 referidos al Directorio de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones que quedará constituido por seis (6) miembros titulares: un director y un subdirector en representación del Poder Ejecutivo, dos vocales en representación de los activos y dos vocales representación de los pasivos, y otros ítems como funciones y duración en sus cargos; como reflejo de las posturas y opiniones dadas a conocer por el susodicho en ocasión del trabajo encomendado a la comisión bicameral de análisis y estudio del sistema previsional creada por Ley Nº 14.268, y cuyo informe final se elevara al Poder Ejecutivo y que, según los autores del Mensaje 5115: Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía y Pablo Olivares (gobernador, ministro de Gobierno e Innovación Pública y ministro de Economía, respectivamente), fue tomado como base para la elaboración de los 57 artículos de la declaración de emergencia previsional y reforma del sistema jubilatorio de los empleados y funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe.
 
Como advertencia, quienes se oponen a esta reforma “profunda, completa e integral” desarrollada in extenso, anticipan que, sobre la base del principio de la seguridad social, y ante la “doble imposición”, se presenten amparos judiciales alegando ilegalidad de la norma y, tal vez, una “catarata de juicios”. Ante ello, el oficialismo calificó a quienes se oponen por la oposición misma de esgrimir conductas “negacionistas, obstructivas y/o de carácter político-gremial”.
 
Y, además, en función al comunicado del Partido Justicialista Santafesino, que considera a esta reforma “innecesaria y perjudicial para los trabajadores ya que lesiona sus derechos”, y el parecer de algunos gremios y sindicatos, caso FESTRAM que la califica de la “peor reforma previsional puesto que los trabajadores aportarán más, tendrán que trabajar más para jubilarse y, como jubilados, ganarán menos”, así como los 5 senadores justicialistas votaron en forma negativa, los diputados y diputadas justicialistas de Cámara de Diputados, junto a otros sectores políticos, también votaron en forma negativa. Por ello, el jueves 12 de setiembre de 2024 quedó sancionado el Mensaje 5115 con fuerza de Ley y se comunicó al Poder Ejecutivo que registró  bajo el Nº 14.283, promulgó y publicó en el Boletín Oficial para su rápida vigencia.
 
Tal como se indica ut supra (más arriba), en el Senado Santafesino oficiaron de miembros informantes: Raúl Gramajo, Rodrigo Borla, Rubén Pirola, Esteban Motta y Felipe Michlig.
 
Raúl Gramajo dijo que “en el año 2015 se avizoraba, por informaciones claras y fidedignas, que nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones había encendido un semáforo amarillo y que a partir del año 2020 el déficit entraría en una espiral de crecimiento exponencial”, y agregó que “esto que ahora aprobamos es a favor de los jubilados santafesinos y de las futuras generaciones”.
 
Añadió Raúl Gramajo, en su extensa alocución, que “el Mensaje 5115 del Poder Ejecutivo tiende a que esta Caja de Jubilaciones y Pensiones siga en manos de la Provincia de Santa Fe”, no sin antes aclarar que “no se solucionará el déficit el año que viene, pero es una Ley que permitirá aplanar la curva y evitar que dicha Caja deba pasar al ANSES, y, por ello, es un acto de justicia que los propios que estamos dentro del sistema tengamos que bregar por la sustentabilidad y sostenimiento”.
 
Rodrigo Borla, a su turno, fundamentó desde lo técnico y explicó las modificaciones que aportó el Senado al Mensaje 5115 original: duración de la emergencia; la constitución de la comisión de seguimiento y el sistema de aportes, definiéndolo como “justo y equitativo, ya que el que más gana más paga; y el que menos gana, menos paga”. Expresó, además, que con esta reforma, “el sistema será más justo ya que el que más gana más aporta, pero a la hora de cobrar hay una mirada descendente”. Aclaró, asimismo, “que esta reforma no terminará con el déficit, pero la curva comenzará a amesetarse y, en el futuro, empezará a decrecer”.
 
Finalmente, Rodrigo Borla remarcó “la decisión política de no traspasar nuestra Caja a manos de la Nación, ya que esta Caja es de todos y debemos salvarla para que siga en el ámbito público de la Provincia de Santa Fe”.
 
Rubén Pirola, quien fundamentó el voto negativo de los cinco senadores justicialistas, dijo que “nuestra negativa es responsable y plenamente fundada, ya que está vinculada a las formas y al fondo. Nos hubiera gustado poder aportar nuestra mirada a la Ley”.
 
Agregó el presidente del Bloque del Partido Justicialista que “este proyecto carece de racionalidad ya que mezcla la emergencia con reformas estructurales”. “Si hubiésemos tenido margen para el debate, desde este Senado podrá haber salido una Ley más constructiva”, dijo y añadió que “creemos que esta Caja no está en emergencia ni tiene un déficit estructural”.
 
Siguió Rubén Pirola y expresó que “compartimos los principios de solidaridad y equidad, pero al ver los números nos encontramos que por primera vez los aportes personales son superiores a los aportes patronales”. “No compartimos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo Provincial para acompañar las modificaciones que haga el Gobierno Nacional en relación a las edades”, finalizó.
 
Esteban Motta, a su turno, habló de “responsabilidad y razonabilidad para garantizar derechos y la sustentabilidad de nuestra Caja, como asimismo su sustento en las mejores condiciones”. “Muchos dirigentes gremiales provinciales mintieron” aseguró, y señaló con énfasis para completar su intervención que “defendemos el Estado Provincial para generar la mejor jubilación de los trabajadores santafesinos, como hoy tienen en relación a todas las otras Provincias”.
 
Felipe Michlig, quien coincidió con los argumentos de Gramajo, Borla y Motta, dijo “no podemos seguir generando déficit”. “Nosotros, en campaña, nos comprometimos a cambiar las cosas en la provincia de Santa Fe para reeditar que nuestra Provincia es invencible” y, para ello, “hay que tomar medidas políticas aunque no sean del agrado de todos, pero es nuestra obligación poner orden en nuestra Provincia”. “Atenuar el déficit significa actuar con responsabilidad”.
 
“Esta Caja queda en la órbita provincial porque asumimos ese compromiso pero, para eso, tenemos que administrarla de manera correcta” dijo Felipe Michlig y se preguntó “¿Qué dirán los dirigentes de AMSAFE y FESTRAM que les mintieron a sus afiliados?”.
 
“En Santa Fe se terminó la joda, todo lo que nos pasó es por culpa del populismo”, sentenció el presidente provisional del Senado, y prometió que “seguiremos reclamando la deuda de $ 800.000 M a la Nación en solidaridad con los 3.600.000 santafesinos y continuaremos sosteniendo la sustentabilidad de nuestra Caja que tiene 112.000 jubilados y 210.000 trabajadores activos”.
 
Ahora, luego de las alocuciones de los diputados y diputadas que oficiaron de miembros informantes, esta Cámara de Diputados, el jueves 12 de setiembre de 2024 otorgó sanción definitiva sin modificar una coma a la media sanción dada por el Senado Santafesino, sobre la base del “orden, austeridad y transparencia en todo lo actuado”, según aseguraron quienes votaron por la afirmativa, en este caso en Cámara Revisora con 44 presentes y 6 ausentes, por 23 votos afirmativos, 20 votos negativos y sin abstenciones bajo la presidencia de Clara García, presidenta del cuerpo legislativo, en un marco de “aplausos, gritos, reclamos, insultos, piedras, bombas de estruendo e inédita violencia exterior que arrojó como saldo “destrozos en la fachada y puertas de la Legislatura y 7 policías heridos” .
 
José Corral, en su rol de miembro informante por UCSF (Unidos para Cambiar Santa Fe”, después de una extensísima fundamentación desarrollada minuciosamente capítulo por capítulo y artículo por artículo, dijo que “somos conscientes del legado para proteger a la vejez y que en el futuro tengan una jubilación digna”.
 
Fabián Palo Oliver, en el marco de sólidos argumentos, expresó que el voto negativo del Bloque Frente Amplio por la Soberanía se basa en que “se vulneran derechos adquiridos en nombre del déficit fiscal y se afectan derechos sociales y laborales con mucha deshumanización”, no sin antes asegurar que “la comisión fue una puesta en escena” y cerrar su alocución con un rotundo “el mercado no se hará cargo de la seguridad social”.
 
Emiliano Peralta, a su turno, también con sólidos argumentos y firme respaldo jurídico, anticipó que “se desencadenarán juicios contra la Provincia que terminará pagando Juan Pueblo”.
 
Silvia Malfesi del Partido Libertario – Somos Vida coincidió con Emiliano Peralta y afirmó que (esta reforma previsional) “no cumple con los preceptos constitucionales”, no sin antes advertir que “la solidaridad coactiva es esclavitud”. Y apuntó a quienes votaron por la afirmativa y los conminó a “sacarse las caretas y el traje de payaso”.
 
Juan Argañaraz coincidió con Palo Oliver, Peralta y Malfesi, y agregó que “nos tomaron el pelo en el plenario ya que no se tocó una coma”. “Faltó sensibilidad social” dijo y señaló que “más de 100 jefes y subjefes policiales han comenzado a tramitar la jubilación”, no sin antes preguntarse: ¿Qué pasará con los futuros juicios?
 
Lucila De Ponti, a su turno y luego de la sanción definitiva y a posteriori de la vuelta del cuarto intermedio, ya con la ley sancionada, efectuó consideraciones políticas y conceptuales y puntualizó las contradicciones e incoherencias de este “ajuste disfrazado de emergencia que violenta derechos tutelados”.
 
Claudia Balagué remarcó la “desconfianza de la sociedad hacia la dirigencia política por la falta de coherencia” y señaló que “este ajuste va en detrimento de la calidad educativa” y, en coincidencia con Palo Oliver, expresó que “se condena siempre a los jubilados en este sistema capitalista decadente”.
 
Amalia Granata se sumó a los dichos de Peralta y Malfesi, y acusó a “(Maximiliano) Pullaro de pagarle un millón de dólares (US$ 1 M) a  Susana Giménez para publicitar el juego; otorgar vía decreto $ 104.532.400 a Lotería Santa Fe; y $ 572.000.000 ($ 572 M) a RTS (Radio Televisión Santafesina)”. Y, asimismo, “40 asesorías técnicas para hacer caja política por montos que van de 2 millones de pesos hasta 9 millones de pesos cada una de ellas, pasando por algunas de 8.000.000 de pesos y otras de 4.000.000 de pesos”. Además, denunció al gobernador por “comprar (en sentido figurado) a los medios periodísticos por miles y miles de millones de pesos” y concluyó diciendo que “quienes votaron por la afirmativa, que deberán poner la cara en las próximas elecciones, lo hicieron con la nariz tapada en el marco de este atropello institucional”.    
 
Alejandra Rodenas dijo que “se demoniza lo público con este ajuste que recae en los jubilados y trabajadores públicos” y, por eso, “no se entiende este ajuste, ya que no es un reforma, en plena recesión y pérdida del poder adquisitivo del salario”. Aseguró que “esta Caja (de Jubilaciones y Pensiones) no está en emergencia ni tiene un déficit estructural”. “Se ha elegido el modelo del ajuste y de la inequidad cuando las legislaciones modernas protegen los derechos sociales como derechos humanos”. “(Maximiliano) Pullaro se subordinó a (Javier) Milei” concluyó, no sin antes advertir que “esta consagración del ajuste traerá graves consecuencias”.
 
Celia Arena recordó que “como gobierno (Omar Perotti) nunca ajustamos y, a pesar de ello, tuvimos una oposición obstruccionista. Nosotros, ahora como oposición, somos responsables” e instó a que “(Maximiliano) Pullaro reclame con énfasis ante el Poder Ejecutivo Nacional (Javier Milei) como lo hicieron Carlos Alberto Reutemann, Jorge Obeid y Hermes Binner”.
 
Rubén Galassi dijo que “tocamos esta Caja (de Jubilaciones y Pensiones) para defenderla con un criterio de equidad y progresividad”. Aprovechó para decir que “la ausencia de Antonio Bonfatti se debió a su operación de la columna que lo mantendrá alejado por 15 días ó más de sus actividades legislativas”. Y, en relación a quienes quieren hacer comparaciones, sentenció: “Pullaro no es Milei, y no es lo mismo lo que pasa en Santa Fe con lo que ocurre en la Nación”. Finalmente, y a modo de aclaración y como respuesta a Amalia Granata, remarcó que “la Lotería de Santa Fe se autofinancia” y, en base a “la promoción y los buenos premios”, operó “una readecuación de las partidas a partir del mayor ingreso de recursos”.  
 
Natalia Armas Belavi agradeció el comportamiento de las fuerzas policiales y del personal legislativo ante la violencia inusitada de unos pocos, y utilizó terminología médica para señalar la diferencia entre emergencia y urgencia, para decir tajante que “esto ha sido una burla para nuestros ancianos ya que los principales afectados son los jubilados” y vaticinó que “esta vulneración de derechos adquiridos y derechos eventuales acarreará como consecuencia una crisis política que se evidenciará en los próximas días y/o en un futuro muy cercano”.  
 
Verónica Porcelli de Baró Graf señaló que “la democracia no puede manejarse con emergencias” y después de reconocer que “la sociedad santafesina evidenció disgusto y decepción en este día para no olvidar ya que se ha puesto la mano en el bolsillo de los jubilados y trabajadores activos”, dijo que “esta reforma será tachada de inconstitucional”.
 
Marcos Corach comparó la “votación irregular con el VAR del fútbol” y pidió que “reflexionemos sobre lo que hacemos como legisladores y esta forma de votación casi sin debate” para advertir finalmente que “todo lo que se vota trae consecuencias”.
 
Miguel Rabbia coincidió con Amalia Granata y dijo que “no es una reforma previsional, es un ajuste a la clase trabajadora”. Aclaró como médico que, ante el aumento de la edad para jubilarse, “la esperanza de vida viene declinando en el mundo”.
 
Carlos Del Frade con cautela dijo que “no parece ser un aporte solidario” y agregó que “la mayor expectativa de vida, si es tal, no es extender la explotación laboral (en términos marxistas)”.
 
Silvana Di Stefano repudió la violencia ejercida por un pequeño “grupo de inadaptados” que provocó graves daños materiales al edificio de la Legislatura y daños físicos en 7 efectivos policiales (6 con lesiones leves y una mujer policía con esquirlas de vidrio que se incrustaron en la córnea del ojo), y en algunos trabajadores legislativos como asimismo una sensación de pánico y miedo en varios periodistas ubicados en el Hall al momento de mayor violencia y ante la andanada de piedras, las bombas de estruendo y/o intento de ingresar al palacio legislativo con las peores intenciones. Luego de respaldar en forma absoluta al gobernador (Maximiliano) Pullaro en todo su accionar y gestión gubernamental, reafirmó que “seguiremos reclamando con mucho énfasis ante el Gobierno Nacional”.
 
Cabe decir, como cierre, que Pablo Farías, a la vuelta del cuarto intermedio, dijo que “la votación en general y en particular ha sido totalmente válida” y citó el inciso 4) del artículo 109 del Reglamento y el artículo 111 para demostrar que “no era necesario volver a votar” como solicitaban algunos diputados y diputadas. No obstante, corresponde reiterar que a pesar de las aclaraciones dadas por Pablo Farías quien anunció que efectuará una denuncia penal en contra de los inadaptados, “Amalia Granata, Emiliano Peralta y Silvia Malfesi anunciaron que recurrirán a las instancias judiciales a los fines de declarar nula la votación”.      
 
Publicado: 13/Setiembre/2024

Fuente: Fernando Brosutti

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