De Ponti, Rodenas y Del Frade impulsan la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles

Ante la “existencia de lugares de alojamiento de detenidos que no reúnen las condiciones mínimas para servir como tales”, el día 16 de setiembre de 2014, las diputadas justicialistas Lucila De Ponti (foto gentileza Prensa Diputados) y Alejandra Rodenas, presentaron por mesa de movimiento (mesa de ingresos) el Proyecto de Ley (Expediente 54744 CD) que consta de 10 artículos y muchísimos incisos en 57 fojas incluyendo los fundamentos, de similar tenor al ingresado el día 6 de setiembre de 2024, también por mesa de movimiento (mesa de ingresos) de esta Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por el diputado Carlos Del Frade (FAS), presidente del Bloque Frente Amplio por la Soberanía, como Proyecto de Ley (Expediente 54696 CD-FAS), que consta de 42 artículos, por el cual se crea el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes en virtud de lo establecido en los artículos 3, 32 y concordantes de la Ley Nacional Nº 26.827.
 
El Proyecto de Ley de Carlos Del Frade fue girado a las comisiones asignadas para su estudio durante la sesión del jueves 12 de setiembre de 2024, fecha de la 10ª sesión del 142º Período Ordinario de Sesiones y, el Proyecto de Ley de Lucila De Ponti y Alejandra Rodenas será derivado a las mismas comisiones el próximo día 26 de setiembre, fecha de la 11ª sesión de dicho cuerpo legislativo.
 
Lucila De Ponti y Alejandra Rodenas fundamentaron la iniciativa de una manera exhaustiva en 57 fojas. 
 
Carlos Del Frade, por su parte, recordó que sobre la base de una iniciativa presentada en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016 por la diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCS-MC), el diputado radical Santiago Mascheroni (UCR-FPCS-MC), acompañado de sus pares oficialistas y de la oposición de la gestión 2015-2019: Antonio Bonfatti (PS), Héctor Cavallero (FJV-Fallecido), Claudia Giaccone (JSF-MC), Julio Eggimann (JSF-MC), Patricia Tepp (UCR-FPCS-Fallecida), Eduardo Di Pollina (PS-FPCS-MC), Rubén Giustiniani (IP-Igualdad-MC), Luis Daniel Rubeo (BJ-MC), Alejandro Boscarol (UCR-FPCS-MC), Roberto Mirabella (FJV-MC), María Cecilia del Huerto Ayala (PS-FPCS-MC), Silvia Augsburger (IP-Igualdad-MC), Federico Reutemann (PyT-MC) y otros, ingresó el día 13 de diciembre de 2018 por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados el Proyecto de Ley (Expediente 35983 CD-DB); corregido, mejorado y aumentado en relación a los anteriores que, con media sanción de Diputados, perdieron sucesivamente estado parlamentario en el Senado por falta de consideración; por el cual se establece la creación del “sistema provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes”, en cumplimiento, mediante 28 artículos cuidadosamente elaborados, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por Ley Nacional Nº 25.932, que tendrá competencia sobre “cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la Provincia de Santa Fe”, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución Provincial y Constitución Nacional, y, en la 3ª sesión ordinaria del día 19 de junio de 2019, luego de adjuntarlo al Proyecto de Ley (Expediente 34777 CD-FP-SI) de la diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCS-MC), por unanimidad y sobre tablas, obtuvo la media sanción correspondiente y se giró otra vez al Senado donde nuevamente caducó en su estado legislativo.
 
En esa oportunidad Santiago Mascheroni, actual secretario de Justicia del Gobierno Provincial de Maximiliano Pullaro, y Alicia Gutiérrez, ferviente defensora de los derechos humanos, dijeron que este “Sistema Provincial de Prevención de la Tortura” estará integrado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe instituido por Ley Nº 13.014, el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y los demás entes estatales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, interesados en “garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de libertad” y, además, en “promover el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención”, como también “visitar periódicamente los mismos; formular recomendaciones; prevenir situaciones; y comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”.
 
Se entiende por lugar de detención, “cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control del Estado Provincial o Municipal donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad”. A los mismos efectos, se entiende como privación de la libertad, a “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente”.
 
El Consejo Provincial, creado en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, se integrará con el Servicio Provincial de Defensa Penal de la Provincia y con 15 miembros, y, entre sus funciones, “actuará como órgano de coordinación y evaluación”, además de “realizar visitas periódicas generales o de emergencia, con o sin aviso previo, y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de detención”, incluyendo, por ejemplo, “celdas, dormitorios, comedores, cocinas, celdas de aislamiento, baños, áreas de ejercicio, talleres y unidades de atención médica”.
 
El citado Consejo Provincial, asimismo, podrá coordinar las visitas con los familiares de las personas que se encuentren privadas de su libertad, entre muchas otras funciones y actividades que no menguan ni alteran las capacidades de las distintas entidades gubernamentales o no, que abordan la problemática, como ser las diferentes mesas de diálogo, monitoreos de la población carcelaria, pasantías de ejecución penal, direcciones de asuntos internos y demás entidades dedicadas al control, prevención y represión de la comisión de hechos de tortura y otros tratos y penas crueles.
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Provincial tendrá innumerables facultades y atribuciones, tales como: solicitar datos, información o documentación a los responsables de los centros de detención; acceder a los archivos; entrevistar a las personas privadas de libertad; ingresar a los lugares de detención; mantener reuniones con magistrados, funcionarios, abogados, médicos e integrantes de los distintos servicios penitenciarios; proponer reformas institucionales, edilicias y normativas; y todo acto que sea necesario; entre muchas otras.
 
En definitiva, este proyecto legislativo debe considerarse como “el conjunto de normas reglamentarias en el orden provincial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”, había fundamentado el diputado radical mandato cumplido Santiago Mascheroni (actual secretario de Justicia del Gobierno de Maximiliano Pullaro), acompañado de varios diputados y diputadas oficialistas y de la oposición de la gestión 2015-2019, el Proyecto de Ley (Expediente 35983 CD-DB) ingresado por mesa de movimiento de esta Cámara de Diputados el día 13 de diciembre de 2018, que consta de 28 artículos cuidadosamente elaborados y, después de adjuntarlo al Proyecto de Ley (Expediente 34777 CD-FP-SI) de la diputada Alicia Gutiérrez (SI-FPCS-MC), se aprobó por unanimidad sobre tablas en la 3ª sesión ordinaria del miércoles 19 de junio de 2019, girándose la media sanción al Senado donde caducó.
 
Santiago Mascheroni aclaró que se había tomado como base para su elaboración la iniciativa de Alicia Gutiérrez, y recordó que “en cuatro oportunidades, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, se había aprobado en Diputados, pero luego la media sanción perdió en el Senado su estado parlamentario”. Luego, por 5ª vez, se aprueba en Diputados la iniciativa, corregida, mejorada y aumentada, se otorga la media sanción y, como otrora, perdió estado legislativo.
 
Carlos Del Frade, cinco años después, presentó el Proyecto de Ley (Expediente 54696 CD-FAS) el día 6 de setiembre de 2024 que, mediante 42 artículos, y sobre la base de las anteriores iniciativas, se crea el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en virtud de lo establecido en los artículos 3, 32 y concordantes de la Ley Nacional Nº 26.827, el cual resultó derivado el día 12 de setiembre del corriente año, en la 10ª sesión del 142º Período Ordinario de esta Cámara de Diputados, a las comisiones asignadas para su estudio, “aguardándose su pronto tratamiento”.
 
Y, ahora, Lucila De Ponti (foto gentileza Prensa Diputados) y Alejandra Rodenas, el día 16 de setiembre de 2024, presentaron por mesa de movimiento el Proyecto de Ley (Expediente 54744 CD) de similar tenor, el cual el próximo jueves 26 de setiembre, fecha de la 11ª sesión del citado cuerpo legislativo, será derivado a las mismas comisiones que el anterior para su probable unificación y/o acumulación dada su similitud.
 
Publicado: 17/Setiembre/2024

Fuente: Fernando Brosutti

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