[ 26.11.2025 09:08 ] ›
Piedrabuena exige un informe completo sobre el sistema de tobilleras duales para prevenir la violencia de género
El diputado provincial Juan José Piedrabuena presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo un informe exhaustivo sobre la implementación del sistema de tobilleras duales anunciado por el Gobierno de Santa Fe el 25 de noviembre de 2025.
La medida —planteada como un cambio de paradigma en la prevención de la violencia de género— implica una inversión millonaria y un nivel de articulación institucional sin precedentes.
El expediente pide detalles precisos sobre la inversión total, que supera el millón de dólares, incluyendo la compra de dispositivos, el equipamiento del 911, el software de gestión y toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento. También requiere conocer la cantidad de dispositivos en uso, tanto para agresores como para víctimas, y la capacidad operativa máxima que puede soportar el sistema.
Otro punto clave es el pedido de información sobre el costo mensual de mantenimiento, dado que —según el Ejecutivo— se trata de una política con gastos permanentes “muy elevados”.
Piedrabuena además solicita estadísticas que permitan evaluar la efectividad real del sistema de geolocalización GPS: cantidad de alertas emitidas por cercanía y resultados de cada intervención policial, un dato esencial para determinar si la tecnología cumple con el objetivo de resguardar a las víctimas.
Por último, el legislador requiere informes sobre los protocolos de coordinación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el Ministerio Público de la Acusación y la Central 911, actores que deben articular en tiempo real para responder ante cada alerta.
El pedido se fundamenta en la necesidad de un control legislativo riguroso sobre una política pública sensible, costosa y vinculada directamente con la protección de derechos fundamentales.
El expediente pide detalles precisos sobre la inversión total, que supera el millón de dólares, incluyendo la compra de dispositivos, el equipamiento del 911, el software de gestión y toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento. También requiere conocer la cantidad de dispositivos en uso, tanto para agresores como para víctimas, y la capacidad operativa máxima que puede soportar el sistema.
Otro punto clave es el pedido de información sobre el costo mensual de mantenimiento, dado que —según el Ejecutivo— se trata de una política con gastos permanentes “muy elevados”.
Piedrabuena además solicita estadísticas que permitan evaluar la efectividad real del sistema de geolocalización GPS: cantidad de alertas emitidas por cercanía y resultados de cada intervención policial, un dato esencial para determinar si la tecnología cumple con el objetivo de resguardar a las víctimas.
Por último, el legislador requiere informes sobre los protocolos de coordinación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el Ministerio Público de la Acusación y la Central 911, actores que deben articular en tiempo real para responder ante cada alerta.
El pedido se fundamenta en la necesidad de un control legislativo riguroso sobre una política pública sensible, costosa y vinculada directamente con la protección de derechos fundamentales.

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