Para Aliza Damiani, la permanencia en centros de reclusión propicia vicios

La diputada provincial justicialista Aliza Damiani (UP-FV), acompañada de su par de bancada: Héctor Acuña (UP-FV), en la sesión ordinaria del día jueves 9 de octubre de 2014 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por unanimidad, logró el apoyo del resto de los diputados y diputadas presentes, oficialistas y de la oposición, para el proyecto de comunicación (expediente 29453 UP) de su autoría, por el cual el Cuerpo solicita que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, disponga realizar un relevamiento de la situación de alfabetismo que atraviesan los institutos carcelarios y alcaidías de la Provincia. Dicho relevamiento deberá tener especialmente en cuenta, qué nivel de la población carcelaria posee títulos primarios, secundarios, terciarios y universitarios y, además, quiénes poseen un oficio o profesión, diferenciando que estén aprobados o en curso.
 
Se busca, con la iniciativa aprobada, saber a ciencia cierta la población carcelaria que posee estudios y en qué niveles y, también, quiénes poseen un oficio que le permita trabajar luego de cumplir con su pena privativa de la libertad; porque según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el 50% de la población carcelaria tiene menos de 32 años de edad y los internos, en una proporción superior a la mitad, no asistieron a la escuela o sólo llegaron a cursar el nivel primario.
 
El sistema penitenciario, en la actualidad, presenta innumerables problemas como: retardo procesal, hacinamiento, precario estado de los penales, ausencia de una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables y presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias.
 
A esto se suma el escaso número de funcionarios penitenciarios, con mínima o ninguna formación en el área. Todas estas características ponen en tela de juicio la función de “rehabilitación y reinserción social” que, en teoría, deberían lograr estas instituciones receptoras de la población delictiva de la Provincia y que resultan ser el reflejo agravado de los males que afectan a nuestra sociedad, encontrándose que la permanencia en estos centros de reclusión, lejos de rehabilitar, propicia vicios y mayores problemas a un sistema penitenciario ya desgastado y obsoleto.
 
Para poder atacar una problemática, primero debemos saber cuál es la enfermedad, para poder dar una correcta solución. Es por ello que pretendemos saber, con datos estadísticos, el nivel de escolaridad de la población carcelaria, y de esta manera ponernos a trabajar en la búsqueda de soluciones acordes a las necesidades; fundamentó la diputada justicialista Aliza Damiani (UP-FV), acompañada de su par de bancada: Héctor Acuña (UP-FV), el proyecto de comunicación (expediente 29453 UP) de su autoría, aprobado en la sesión ordinaria del día jueves 9 de octubre de 2014 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por unanimidad, no sin antes destacar que “la educación es un derecho universal contemplado por ley, más allá de las transgresiones o la condición procesal de las personas, razón por la cual debemos garantizar que toda la población carcelaria tenga dicha posibilidad”.
 
Publicado: 12/Octubre/2014

Fuente: Susana Goris

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