Sáb, 31 de Julio de 2021 | 21:38 hs.

[ 08.07.2021 14:42 ]   ›

La Legislatura Santafesina, por falta de quórum para la sesión conjunta de ambas Cámaras, no pudo suspender al fiscal Adrián Alejandro Spelta

Se aguardó el fallo de la Corte que resolvió por la constitucionalidad de la Ley Nº 13.807 pero por falta de quórum no suspendió al funcionario del MPA

La Legislatura Santafesina, por falta de quórum para la sesión conjunta de ambas Cámaras, no pudo suspender al fiscal Adrián Alejandro Spelta
Ante la “compleja situación institucional entablada entre la Legislatura Santafesina y el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, en Sesión Conjunta de ambas Cámaras del pasado jueves 1º de octubre de 2020, esto es, hace más de 8 meses, por unanimidad, se había resuelto dejar en modo de espera (stand-by) el pedido de suspensión temporal en sus funciones al fiscal Adrián Alejandro Spelta por 90 días sin goce de sueldo, como medida disciplinaria, y, en su lugar, los 69 legisladores (19 senadores y senadora, y 50 diputados y diputadas) validaron un duro documento como “respuesta política” al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario que había declarado inconstitucional la Ley Nº 13.807, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe revise dicho fallo y se expida en consecuencia.
 
La Corte Suprema de Justicia Provincial se expidió, luego de un tiempo prudencial, el día martes 29 de junio de 2021, y por mayoría resolvió por la constitucionalidad de la Ley Nº 13.807 que confiere a la Legislatura la potestad de evaluar la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) si las faltas cometidas son consideradas graves, sancionarlos, suspenderlos y/o destituirlos.
 
Visto el procedimiento de suspensión iniciado mediante la resolución respectiva por la comisión bicameral de Acuerdos de Asamblea Legislativa al Fiscal Adjunto de la 2ª Circunscripción Judicial (Rosario) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Jefe del Área Homicidios Dolosos, Adrián Alejandro Spelta, y la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la vicegobernadora Alejandra Rodenas convocó en tiempo y forma a los legisladores provinciales: 19 senadores y senadora y 50 diputados y diputadas, a Sesión Conjunta de ambas Cámaras Legislativas para este jueves 8 de julio de 2021, a las 13:00, para que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe se expida en consideración a lo establecido en el artículo 15º de la Ley Nº 13.013 y sus modificatorias (Ley Nº 13.695 y Ley Nº 13.807), y en el dictamen de dicha comisión de Acuerdos de Asamblea Legislativa de fecha 23 de setiembre de 2020.
 
La presidenta del Senado, vicegobernadora Alejandra Rodenas, secundada por el secretario Legislativo de “Senadores”, Rafael Esteban Gutiérrez, y el secretario Parlamentario de “Diputados”, Gustavo Puccini, no pudo dar inicio a dicha Sesión Conjunta por falta de quórum.
 
Para el asunto en cuestión y/o cualquier otro de similares características, se requiere que cada Cámara concurra con su propio quórum: 11 senadores y senadora, y 26 diputados y diputadas.
 
En función de ello, a las 14:00 se dio por levantada la Sesión Conjunta de ambas Cámaras y, por tanto, esta Legislatura no pudo aplicar la medida disciplinaria de suspensión temporal al Fiscal Adjunto de la 2ª Circunscripción Judicial (Rosario) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Jefe del Área Homicidios Dolosos, Adrián Alejandro Spelta.
 
La recomendación efectuada por la comisión de Acuerdos de Asamblea Legislativa en el encuentro realizado el miércoles 23 de setiembre de 2020, mediante dictamen unánime de sus 12 miembros (4 senadores y 8 diputados y diputadas), que planteaba la suspensión temporal sin goce de sueldo por 90 días del susodicho, no pudo ser validada por falta de quórum legal en esta Sesión Conjunta de ambas Cámaras que fue levantada, ya que para algunos, hubiera sido tomada como una dura y contundente respuesta política, además de institucional.
 
Y, puntualmente, esta Legislatura de la Provincia de Santa Fe, por falta de quórum reglamentario para esta sesión conjunta de ambas Cámaras convocada para este día jueves 8 de julio de 2021, no pudo aplicar una suspensión temporal en sus funciones al Fiscal Adjunto de la 2ª Circunscripción Judicial (Rosario) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Jefe del Área Homicidios Dolosos, Adrián Alejandro Spelta, por 90 días y sin goce de sueldo, en un todo de acuerdo con la normativa vigente: Ley Nº 13.103, Ley Nº 13.695 y su modificatoria Ley Nº 13.807.
 
El proceso al fiscal sigue en suspenso (pendiente) en la Legislatura, no así en el ámbito de la comisión bicameral de Acuerdos donde se sustanció, sin olvidar que el legislador acusador es el senador radical Lisandro Enrico.
 
Tampoco debemos olvidar que el pasado 1º de octubre de 2020, un documento de la comisión de Acuerdos, ratificado en su plenitud en sesión conjunta de ambas Cámaras de esa fecha, había tomado la forma de “respuesta política” al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, integrada por los jueces: Lucía María Aseff, Adriana María Mana y Fernando Raúl Marchionatti, que había declarado inconstitucional la Ley Nº 13.807 que posibilita que el Poder Legislativo enjuicie a fiscales y defensores provinciales. La Corte Suprema de Justicia, el día 29 de junio de 2021, declaró constitucional la citada Ley Nº 13.807.
 
El Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe, Rubén Luis Weder, ante el fallo dicha Cámara en lo Laboral de Rosario, interpuso recurso de Queja y, por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, tal se indica más arriba, resolvió el asunto en cuestión a favor de la constitucionalidad de la mencionada Ley Nº 13.807.
 
Vale tener presente que la Provincia de Santa Fe, a través del Fiscal de Estado, entre sus facultades, puede introducir un recurso de Queja ante el máximo tribunal, es decir, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tal como aconteció.
 
Por tanto, como la citada Corte Suprema, el día 29 de junio de 2021, revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, se convocó a los 69 legisladores para continuar este día jueves 8 de julio de 2021 con la suspensión temporal del fiscal Adrián Alejandro Spelta, la cual fracasó por falta de quórum reglamentario.
 
Corresponde aclarar que mediante la Ley Nº 13.695 se le quitó las facultades disciplinarias al MPA sobre los fiscales inferiores de manera completa y se la otorgó a la Legislatura, pero luego, a través de la Ley Nº 13.807, modificatoria de dicha Ley Nº 13.695, quedó en manos de la Legislatura las faltas graves cometidas por fiscales y defensores, y en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las faltas leves.
 
Además, las faltas graves en el desempeño técnico jurídico han quedado en manos del Tribunal de Disciplina del MPA con investigación de la Auditoría General de Gestión de dicho Ministerio Público de la Acusación.
 
Se consideran faltas graves, las cuales quedan en manos del Poder Legislativo en cuanto al aspecto disciplinario, las cometidas por fiscales y defensores por “mal desempeño funcional o institucional, o por la comisión de delitos dolosos”.
 
Para el caso que nos compete, y en cumplimiento de la Ley Nº 13.807, desde la Auditoría General de Gestión a cargo María Cecilia Vranicich, en tiempo y forma se informó al Poder Legislativo, específicamente ante la comisión bicameral de Acuerdos de Asamblea Legislativa, “las denuncias y procedimientos en trámite a los fines que dicha Legislatura pueda ejercer el derecho de avocamiento y entender en el asunto del fiscal Adrián Alejandro Spelta directamente”.
 
Vale tener presente que el citado fiscal Adrián Alejandro Spelta aceptó “se otorgue prisión domiciliaria a un conocido narcotraficante (Emanuel Sandoval) acusado de triple tentativa de homicidio, luego asesinado en su domicilio, que ya había adquirido notoriedad por haber efectuado 14 disparos contra la vivienda particular del entonces Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Antonio Juan Bonfatti, en el año 2013”.
 
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, hace poco más de un (1) año, el día 6 de mayo de 2020, a través del procurador general Jorge Barraguirre, expuso bajo secreto de sumario sobre el fiscal Adrián Alejandro Spelta, cuyas actuaciones involucran también a los dos (2) jueces (Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrechu) que otorgaron la prisión domiciliaria (de Emanuel Sandoval).
 
Los jueces Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrechu, que en 1ª y 2ª instancia convalidaron la prisión domiciliaria del narcotraficante dispuesta por el fiscal Adrián Alejandro Spelta, según el Tribunal de Enjuiciamiento, por 6 votos contra 4, no fueron reprochados por nada de lo realizado, a pesar que el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, había pedido el juicio político para el primero de los nombrados, es decir, para Hernán Postma.
 
Todo hacía presumir que la comisión de Acuerdos, a través de su presidente del año pasado, senador Joaquín Raúl Gramajo, fundamentaría el contenido del dictamen y ponderaría el trabajo de la auditora general de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich; el trabajo del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre; la celeridad de Alejandra Rodenas en cuanto a la convocatoria de la sesión conjunta de ambas Cámaras; el denodado esfuerzo del personal e integrantes de dicha Comisión de Acuerdos; y, especialmente, “el compromiso asumido para solucionar la posible corrupción de algunos miembros del Ministerio Público de la Acusación”; pero todo se vio trastocado y alterado en su orden por lo acontecido y explicado más arriba, es decir, por el fallo interpuesto por esa Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario (Sala II), posteriormente revocado por la Corte Suprema de Justicia.
 
Por ende, el Poder Legislativo se vio obligado a “poner freno a las medidas disciplinarias a los fiscales, puntualmente al fiscal Adrián Alejandro Spelta, hasta que la Corte Suprema revise el fallo de la Cámara en lo Laboral de Rosario”, tal como ocurrió el día 29 de junio de 2021, por votación mayoritaria.
 
Joaquín Raúl Gramajo, como es usual, había argumentado con solvencia académica el “manejo dentro de los parámetros constitucionales y legales” para el control de los Poderes mediante el “principio republicano irrenunciable” en esa sesión conjunta de ambas Cámaras del día 1º de octubre de 2020 postergada y que no pudo continuar este día jueves 8 de julio de 2021 por falta de quórum.
 
Y, para ello, Gramajo había enunciado las Leyes Nº 13.013 y Nº 13.807, en un todo de acuerdo con los artículos 53º y 5º de la Constitución Nacional y los artículos 98º y 99º concordantes de la Constitución Provincial, en cuanto a la competencia de las Cámaras de Diputados y de Senadores, tanto a nivel nacional como provincial, cuando refieren a que la primera acusa y la segunda resuelve en relación al juicio político a los integrantes del Poder Ejecutivo (Presidente, Gobernador y sustitutos legales); dejando en claro que “esta Legislatura se enmarca en estas normas” ante “algunos cuestionamientos sobre la constitucionalidad” de las decisiones.
 
Gramajo fundamentó, con el asentimiento de los integrantes de ambos Cuerpos Legislativos, la “potestad constitucional de la Legislatura Santafesina de ejercer un control directo sobre los fiscales y defensores”.
 
A posteriori de la lectura del documento de la comisión de Acuerdos sobre la recomendación dada a los integrantes de la Legislatura reunidos en sesión conjunta de ambas Cámaras, se resolvió ese día 1º de octubre de 2020 “respetar el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario”, a pesar de estar en absoluto desacuerdo y, por ello, se fijó la postura en dicho documento (declaración) validado por los 69 legisladores (19 senadores y senadora, y 50 diputados y diputadas) que, además, suspendió el trámite y los plazos acordados por el reglamento para resguardar el caso en cuestión previendo que los plazos legales pudieran vencerse hasta que finalice el trámite judicial, esto es, hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que este día 29 de junio de 2021 se expidió a favor de la constitucionalidad de la Ley Nº 13.807.
 
Joaquín Raúl Gramajo, Lisandro Enrico y Pablo Farías en forma presencial, y los legisladores que expusieron en forma virtual remota ese día 1º de octubre de 2020, coincidieron en que “los fiscales no quieren ser controlados” y, respaldados por los presidentes y presidentas de bloque en representación del resto, destacaron que el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario “denigra el nivel intelectual de los legisladores y, además, es violatorio de la división de poderes”.
 
El citado documento, que rechazó políticamente el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, luego de su lectura ese día jueves 1º de octubre de 2020, fue respaldado con argumentos duros y certeros por quienes se expresaron en consecuencia: Joaquín Raúl Gramajo, Armando Traferri, Lisandro Enrico, Nicolás Mayoraz, Carlos Del Frade, Amalia Granata, Pablo Farías, Leandro Busatto, Rubén Giustiniani, Mónica Peralta, Gabriel Chumpitaz y Julián Galdeano, y resultó aprobado en la forma de declaración por unanimidad de todos y todas, es decir, por el pleno de la Legislatura Santafesina.
 
Joaquín Raúl Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio) concluyó su participación en la que explicó con lujo de detalles la declaración aprobada por unanimidad y los pasos procesales venideros, y, en relación al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, dijo que “atenta contra la dignidad y legitimidad de los legisladores santafesinos”.
 
Armando Traferri (PJ-JDP-San Lorenzo) y presidente del Bloque “Juan Domingo Perón” del Senado, a su turno, en forma virtual remota, señaló “los errores groseros y las veladas embestidas al Poder Legislativo” enunciados en el fallo de dicha Cámara en lo Laboral de Rosario que se asemeja a una “defensa corporativa de un sector judicial” y que, puntualmente, “denigra a esta Legislatura” ya que adolece de fallas y prejuicios, mediante una curiosa interpretación de la división de los poderes del Estado, retorcidos argumentos para otorgar un amparo judicial y un profundo desconocimiento del funcionamiento del Poder Legislativo.  
 
Lisandro Enrico (UCR-General López), en relación al fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, dijo que “se busca impedir que los funcionarios judiciales: fiscales y defensores, puedan ser sancionados por las faltas graves cometidas por otro poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, manteniendo el control del desempeño dentro del mismo organismo”, y agregó en sentido aclaratorio que la finalidad es que “sólo fiscales puedan evaluar y sancionar a fiscales” y que “sólo defensores puedan evaluar y sancionar a defensores”.
 
Los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, si bien funcionan de manera autónoma e independiente, tienen “mecanismos de equilibrios y contrapesos institucionales en la forma de controles recíprocos”.
 
Se citan ejemplos: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo designan los miembros del Poder Judicial, es decir, “los jueces, fiscales y defensores no se designan a sí mismos sino que son elegidos por los otros poderes”.
 
EL Poder Judicial puede declarar inaplicable una ley cuando entiende que es inconstitucional; y el Poder Ejecutivo, por su parte, “puede vetar una ley emitida por el Poder Legislativo”.
 
Este mecanismo de “controles recíprocos y de equilibrios y balances” permite sancionar a un miembro de otro poder, y, para el caso, “los miembros del Poder Legislativo pueden realizar un juicio político al Poder Ejecutivo y sus ministros”, como de igual modo “el Poder Judicial puede investigar y juzgar a un miembro de los otros dos poderes en los estrados judiciales”.
 
Por ello, “la potestad de la Legislatura de analizar y controlar las faltas graves de fiscales y defensores es parte de la esencia misma del Estado de Derecho”, afirmó Lisandro Enrico, legislador acusador del fiscal Adrián Alejandro Spelta.
 
Y añadió que “no es una intromisión de un poder sobre otros. Verlo así implica construir una mirada corporativa de funcionarios del Estado que aspiran a ser intocables”.
 
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario “busca evitar que fiscales y defensores puedan ser investigados por el poder más democrático y representativo: el Poder Legislativo” con el fin de “mantener el secretismo de un expediente en pocas manos, en este caso que solamente 5 fiscales analicen el accionar grave de un fiscal”, concluyó el senador Lisandro Enrico (UCR-General López); no sin antes señalar que “la sociedad nos pide que no haya impunidad”.
 
A su turno, todos y todas con manifestaciones de similar cariz, hicieron conocer públicamente sus pareceres, los mencionados Gramajo, Traferri y Enrico, y los que argumentaron en pleno recinto, en forma presencial (Farías) y en forma virtual el resto, el pasado día 1º de octubre de 2020.
 
Nicolás Mayoraz (SVF), con mucha solvencia académica, refutó la liviandad de los argumentos del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario que funda la inconstitucionalidad (de la Ley Nº 13.807) en “una mera sospecha” que no fundamentan. Para ello recurrió el presidente del Bloque Somos Vida y Familia al derecho comparado nacional e internacional y a la jurisprudencia y doctrina internacionales; y destacó finalmente que “dicha sentencia, que no puede entenderse, provoca una laguna jurídica de proporciones y/o un vacío legal”, ya que “no aporta ninguna solución y solamente trae aparejado impunidad”.
 
Carlos Del Frade (FSP-Ciudad Futura) por su parte, expresó que el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario es “un mensaje que achica la democracia y avala el sueño de los señores feudales” y, en un todo de acuerdo con las expresiones de Lisandro Enrico parafraseó las mismas refiriéndose a quienes pretenden ampararse en la “doctrina de los intocables” con la definición de “una manga de intocables”.
 
Amalia Granata (SV), en su breve alocución mediante el sistema virtual remoto, coincidió con los argumentos vertidos por los legisladores preopinantes y reseñó las “acciones supuestamente repudiables” cometidas por el fiscal Adrián Spelta.
 
Pablo Farías (PS), en ese momento vicepresidente de la comisión de Acuerdos y presidente del Interbloque de Diputados y Diputadas del Frente Progresista, en su extensísima participación de manera presencial, detalló minuciosamente las tareas y funciones de los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que no sólo se circunscriben a ejecutar, legislar y juzgar, respectivamente, sino a actuar también en las mismas cuestiones entre sí, caso del Poder Legislativo que además de legislar y crear normas y leyes, tiene a su cargo el “juzgamiento de los integrantes de los otros poderes mediante el Juicio Político y el Jury de Enjuiciamiento de magistrados”.
 
Luego Farías refutó el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral que “pretende decir que no respetamos la división de poderes, sin entender el equilibrio y balance de los poderes del Estado”, a punto tal que con esta Sesión Conjunta de ambas Cámaras “resolvimos no avanzar con el tratamiento del dictamen unánime de la comisión de Acuerdos y, además, suspendimos el trámite por ese fallo que no está firme”.
 
Agregó Farías que “hasta el día 16 de octubre (de 2020) el Fiscal de Estado de la Provincia tiene tiempo para apelar” y, una vez que el fallo en cuestión “esté firme” lo acataremos; y añadió finalmente en la reflexión genérica: “Confiamos en el resultado, en el menor tiempo posible, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para seguir avanzando en nuestra tarea de bregar por una mejor justicia”.
 
En cuanto al caso particular del fiscal Adrián Spelta, dijo Pablo Farías que “nosotros no iniciamos la investigación, sino que fue promovida por la auditoría interna del MPA”.
 
Y, como cierre de su alocución, Pablo Farías destacó el contenido de la declaración aprobada basada en el respeto de la división de poderes, el respeto al Poder Judicial, el respeto al fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario y el respeto de todo nuestro sistema republicano y representativo; en un marco “respetuoso, armónico y coordinado del funcionamiento de los poderes del Estado”.
 
Leandro Busatto (PJ) no quiso ser reiterativo en las expresiones técnicas y jurídicas, y se limitó a una reflexión de carácter político en la que destacó “la interferencia de algunos sectores del Poder Judicial en la democracia, pero no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en Argentina y Latinoamérica” y la “necesidad de atacar el origen del problema: el sistema concursal en cuanto a las designaciones, que debe ser modificado sustancialmente, ya que está en nuestra manos jerarquizar el Consejo de la Magistratura y mejorar el acceso a la justicia y la administración de la misma”.
 
Rubén Giustiniani (IP) coincidió con las expresiones de los senadores y diputados preopinantes y, luego de una reseña histórica del “proceso político de construcción del sistema procesal penal santafesino que sepultó el sistema inquisitorio para ingresar al sistema acusatorio”, dijo que “necesitamos leyes para el Consejo de la Magistratura y para el sistema de ingreso y designación de los fiscales y jueces”; no sin antes recordar su participación en el año 2003, como senador nacional por la provincia de Santa Fe, en el Congreso ante un caso que aportó aire fresco a la democracia relacionado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación de esa época.
 
En cuanto al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Rubén Giustiniani dijo que era “inaceptable, anacrónico y, además, confronta con la misma Constitución Nacional”, y aprovechó para ponderar el Juicio por Jurados y, por ende, la participación de la sociedad en “el futuro debate que se viene”.
 
Mónica Peralta (GEN) y Gabriel Chumpitaz (PRO) se expresaron en términos similares a los legisladores que los precedieron en el uso de la palabra, valorando la primera la necesidad de “una justicia clara y transparente” y, el segundo, en relación al fallo en cuestión, que “intenta atropellar un procedimiento constitucional de control y pisotear a todos los santafesinos”.
 
Julián Galdeano (UCR-Juntos por el Cambio), como último orador, dijo que el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario “no sólo es inédito e inconsistente, sino que es un peligroso retroceso en cuanto al avance en la adecuación de nuestro sistema judicial” fogoneado por sectores conservadores del Poder Judicial y la política que pretenden que “los fiscales sigan siendo designados a dedo” como en otras épocas no tan lejanas.
 
Y, en tal sentido, Julián Galdeano ponderó el trabajo iniciado en las gestiones de Carlos Alberto Reutemann y Jorge Alberto Obeid, y continuadas durante los mandatos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, y destacó el trabajo parlamentario propiamente dicho de los diputados Santiago Mascheroni (UCR-MC) y Danilo Kilibarda (PJ-MC).
 
“Sin controles no hay independencia de poderes; hay impunidad” afirmó Julián Galdeano, y agregó que “los controles cruzados son vitales y garantía de transparencia”.   
 
Sin más, la presidenta del Senado Santafesino, vicegobernadora Alejandra Rodenas, secundada por el secretario Legislativo de “Senadores”, Rafael Esteban Gutiérrez, y el secretario Parlamentario de “Diputados”, Gustavo Puccini, había dado por concluida la sesión conjunta de ambas Cámaras, ese día jueves 1º de octubre de 2020, que se realizó en el recinto de esta Cámara de Diputados por el COVID-19 de manera mixta, es decir, presencial y virtual, en la cual se dejó en modo de espera (stand-by) la medida disciplinaria en contra del fiscal Adrián Alejandro Spelta y se validó un duro documento en la forma de declaración que refuta como respuesta política el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la Ley Nº 13.807, tal se indica más arriba, hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en un futuro que, por lo visto, resultó algo lejano o, al menos, no muy próximo.
 
La Corte Suprema de Justicia, el día 29 de junio de 2021, resolvió a favor de la constitucionalidad de la Ley Nº 13.807 y, por ello, en tiempo y forma, Alejandra Rodenas convocó a los legisladores provinciales (19 senadores y senadora y 50 diputados y diputadas) a Sesión Conjunta de ambas Cámaras para este día jueves 8 de julio de 2021, ó, mejor dicho, para la reanudación de la que había pasado a “Cuarto Intermedio” hace poco más de ocho (8) meses, que fue levantada por falta de quórum reglamentario.
 
Se alegó, para no prestar el quórum, que se interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.
 
En función de ello, se dio por fracasada dicha Sesión Conjunta de ambas Cámaras este día jueves 8 de julio de 2021, la cual seguirá postergada, seguramente, hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
Publicado: 08/Julio/2021

Fuente: Fernando Brosutti


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