Piden información al MPA sobre la investigación de dos casos de abuso sexual que involucran a funcionarios públicos

PRIMER CASO
La primera de las notas refiere a la denuncia realizada a mediados de diciembre de 2024, por una trabajadora, contra el Secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, Marcelo Dellaporta.

En este sentido, el legislador solicitó que se le informe si se han tomando medidas de protección para la denunciante, atendiendo a la subordinación jerárquica que ésta tiene con relación al funcionario denunciado. 

Asimismo, el diputado provincial expresa su preocupación por la falta de celeridad y la ausencia de información sobre los avances de la investigación, así como en otras con connotación sexual vinculados a personas con responsabilidad en las distintas órbitas del Estado.

Misiva al gobernador
En relación a esta denuncia y, luego de solicitar información sobre si se dispuso el acompañamiento por parte del Estado Provincial a la denunciante, el legislador agrega: “respetuosamente sugiero que el funcionario denunciado sea apartado de su cargo hasta tanto se resuelva su situación judicial, si es que tal medida no ha sido a la fecha dispuesta”

SEGUNDO CASO
La otra nota dirigida a la Fiscal General, requiere información sobre la investigación realizada a partir de una denuncia por abuso sexual supuestamente cometido por un Comisario Supervisor de la policía de la provincia. 

Al respecto, el legislador pone nuevamente de manifiesto la lasitud y displicencia en la investigación, atendiendo a que la denuncia fue radicada el 28 de agosto de 2024 y que debieron transcurrir cinco meses entre este hecho y la convocatoria del denunciante para que amplíe su presentación. 

Asimismo, solicita que se le informe sobre si se han tomado medidas para la protección de la integridad y de la salud del denunciante, y si se ha adoptado algún tipo de decisión con relación al funcionario denunciado. 

Por último y con relación a los fundamentos de los requerimientos hechos, Palo Oliver manifiesta que están motivados por “la sensación generada por la lentitud y displicencia de otras investigaciones derivadas de denuncias de delitos con connotación sexual vinculados a personas con responsabilidad en las distintas órbitas del Estado. 
Sin perjuicio de los tiempos que pueda demandar la actividad investigativa, y de los debidos resguardos necesarios en relación a los datos sensibles de las víctimas, entiendo necesario que cuando los procesos involucran a funcionarios públicos, las investigaciones deben ganar en celeridad y publicidad, evitando por todos los medios el secretismo. 
De esta forma se concretan los principios republicanos y el cumplimiento de la misión y los objetivos del Ministerio Público de la Acusación”.

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