Reforma laboral: más flexibilidad para las empresas, menos protección para los trabajadores

El bloque oficialista La Libertad Avanza presentó en el Congreso una amplia reforma denominada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, que propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes complementarios. El texto lleva la firma de la diputada Romina Diez, acompañada por referentes como José Luis Espert, Lilia Lemoine y Nicolás Mayoraz.

La iniciativa apunta a “modernizar” las relaciones laborales y fomentar la inversión privada, combinando beneficios fiscales con una profunda flexibilización de las normas laborales. Según sus autores, el objetivo es “reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a los empleadores y generar empleo genuino”.

Sin embargo, especialistas en derecho laboral advierten que los cambios implican una pérdida concreta de derechos para los trabajadores, tanto en la instancia judicial como en el día a día dentro de la empresa.

🔹 Menos protección en los juicios laborales

Uno de los puntos más sensibles es la limitación a los intereses judiciales: las deudas laborales solo devengarán un 3% anual más inflación, muy por debajo de las tasas actuales. En la práctica, esto reduce el monto final que perciben los trabajadores cuando ganan un juicio por despido o falta de pago.

También se restringen los honorarios de los abogados (cuota litis al 20%) y las costas judiciales (tope del 25% del monto de la sentencia), lo que puede desalentar la representación legal de trabajadores con reclamos pequeños o complejos.

🔹 Despidos más baratos y empleadores con mayor poder

La reforma habilita al empleador a modificar tareas, horarios o lugares de trabajo siempre que no implique “perjuicio material o moral”, y permite sanciones disciplinarias unilaterales que se consideran firmes si no se cuestionan en 30 días.

Además, en caso de reingreso del trabajador a la misma empresa, las indemnizaciones anteriores podrán descontarse, reduciendo el costo de los despidos reiterados.

Para los promotores del proyecto, estas medidas “dan flexibilidad y reducen costos improductivos”. Para los críticos, debilitan la estabilidad laboral y favorecen la rotación de personal.

🔹 Incentivos para contratar e invertir

En el costado económico, la ley crea bonos de crédito fiscal para las empresas que generen nuevos empleos: las microempresas podrán descontar el 100% de las contribuciones patronales durante un año; las pequeñas, el 75%; las medianas, el 50%; y las grandes, el 25%.

También se promueve la contratación de empleados públicos con beneficios impositivos y se lanza un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que replica el esquema del RIGI, otorgando ventajas fiscales, devolución anticipada de IVA y amortización acelerada de bienes de capital.

Desde el oficialismo aseguran que esto impulsará la creación de empleo formal y atraerá capitales al país. No obstante, gremios y economistas laborales advierten que podría generar trabajo más inestable y con menor cobertura legal.

🔹 Una nueva etapa del debate laboral argentino

La reforma laboral propuesta marca un cambio de paradigma: prioriza la libertad contractual y la competitividad empresarial por sobre la intervención del Estado y la tutela judicial del trabajador.

En palabras simples, busca “abaratar” el empleo para que las empresas contraten más, pero sin garantizar que esos nuevos puestos sean sostenibles o de calidad.

Si el Congreso la aprueba, Argentina pasará de un modelo de protección laboral fuerte a uno de mayor flexibilidad y menor seguridad para el trabajador, en línea con las políticas de desregulación que impulsa el gobierno nacional.

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